El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondió al Gobierno central al advertir que no son las comunidades las que “presionan” para abordar el fin del estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo. “Quien presiona es el virus”, advirtió y reclamó “seguridad jurídica” para gestionar la pandemia.

De este modo respondió tras participar en el foro “Wake Up, Spain!” organizado ayer en Madrid por “El Español”, un día después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo estatal, María Jesús Montero, advirtiese que la decisión se adoptará de acuerdo con expertos y no por “presión” de las autonomías.

Así, Feijóo afirmó que las comunidades precisan “herramientas” de carácter legal para luchar contra una enfermedad que “sigue produciendo muertos y contagiados” al incrementar en los últimos días las incidencias tanto a siete como a 14 días.

En este contexto, y ante la previsión de que el 9 de mayo sea el punto final de la alarma, el presidente de la Xunta recordó que “hace un año” pidió una ley para gestionar la pandemia, algo a lo que el Gobierno “se ha negado”.

“La única fórmula que ha utilizado ha sido el estado de alarma”, añadió y lamentó que esta sea ahora “la solución menos mala” para tener “un mínimo de garantías para tomar decisiones”.

Sin esta herramienta, advirtió, cada administración autonómica dependerá “de la ratificación o no” de las autoridades judiciales a la hora de imponer restricciones. Esto ya ocurrió durante el verano pasado, cuando varias regiones acudieron a los respectivos tribunales para aprobar unas medidas que eran “similares”, pero las sentencias fueron “no convergentes”.

Así, en vista de la previsión de que en menos de un mes concluya el estado de alarma, el presidente gallego mostró sus sospechas sobre el razonamiento político que hay detrás de esta decisión.

“Comprendo que los socios del Gobierno, en este momento que se está constituyendo el Gobierno catalán, igual no están por el “sí” con el estado de alarma. Pero eso no tiene nada que ver con que no sean necesarias las herramientas jurídicas”, añadió.

Ley gallega de salud

Aparte de todo ello, el presidente gallego afeó que “la respuesta” del Estado a la reforma de la ley gallega de salud -una norma que nació con el objetivo de gestionar la pandemia- fuese presentar un recurso de inconstitucionalidad.

“La cogobernanza a la que se refiere el Gobierno de España no se la cree nadie, porque si primero no te dan instrumentos y tú buscas un instrumento asesorado con expertos y con el visto bueno del Parlamento lo primero que hacen es denunciarte, no creo que sea razonable”, zanjó.

Por otro lado, Compromís, Bildu y Más País reclamaron ayer que el Gobierno llegue a un acuerdo con las comunidades para crear un “paraguas jurídico” que garantice la adopción de medidas con seguridad jurídica ante el fin del estado de alarma.

Asimismo, el PP sólo contempla un escenario posible respecto a esta herramienta: la aprobación de un “plan B jurídico”.

Sánchez admite “semanas complicadas” pero reafirma que se podrá levantar la alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió ayer que las próximas semanas serán “complicadas, como consecuencia de los efectos de la Semana Santa”, pero aseguró que gracias a la aceleración de la vacunación que prevé y al marco jurídico con el que cuentan las comunidades a será posible levantar el 9 de mayo el estado de alarma.

Así lo aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, por segunda semana consecutiva, en la que presentó las líneas generales del Plan de Recuperación que aprobará y remitirá próximamente a Bruselas.

Al ser preguntado sobre la petición del lehendakari, Iñigo Urkullu, de prorrogar el estado de alarma, Sánchez defendió que el escenario es “completamente distinto” al de hace meses, gracias a ritmo que está cogiendo la vacunación y también al desarrollo de la cultura de la cogobernanza, que tiene como epicentro el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

A este respecto, volvió a defender que el Tribunal Supremo avaló que las decisiones de este órgano son “de obligado cumplimiento”, al rechazar los recursos presentados. 

También se pronunciaron ayer algunas comunidades. Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró confiado en que el Gobierno ampare “legalmente” soluciones jurídicas y confía en que si la “alarma” sigue con respecto al virus, “el Estado va a reaccionar”.

Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, pidió que no se utilice esta decisión con fines “electorales”.