El fiscal pide cuatro años para el maquinista y el alto cargo de Adif por el accidente del Alvia porque la línea no era segura

El fiscal pide cuatro años para el maquinista y el alto cargo de Adif por el accidente del Alvia porque la línea no era segura

El fiscal Mario Piñeiro pide que se dicte auto de apertura de juicio oral frente al maquinista Francisco Garzón Amo y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte López como acusados por la tragedia del tren Alvia, accidente que ocasionó 80 muertes y 145 heridos hace casi ocho años en el barrio compostelano de Angrois.


En su escrito de acusación, con fecha de entrada del pasado 5 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, el representante del Ministerio Público pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos, al atribuirles 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave.


El competente para su enjuiciamiento es el juzgado de lo penal y recientemente el TSXG ha señalado al primer trimestre de 2022 como el momento en que podrá empezar el procedimiento.


En este contexto, Fiscalía atribuye al maquinista una "conversación extensa y relativa a una circunstancia que no implicaba urgencia", motivo por el que inició tarde el frenado antes de la curva.


Pero pone el foco en Adif y en el que era su responsable de seguridad en la circulación, hoy en día todavía en un puesto de libre designación en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. "Tenía que garantizar que la línea era segura" y "no lo era", sostiene.


A juicio de Fiscalía, "procede imponer a cada uno de los acusados las penas de cuatro años de prisión con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena".


Además, para Garzón Amo plantea la inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles por tiempo de la condena y para Cortabitarte López la inhabilitación especial para el ejercicio de "cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias por el tiempo de la condena".


En concepto de responsables civiles cita a la aseguradora QBE y Allianz (responsabilidad directa) y a las entidades Renfe y Adif (subsidiaria) y enumera una a una las cantidades con que deberán indemnizar a los perjudicados.


"Conjunto de riesgo único"

El fiscal, en su escrito, relata las responsabilidades de ambos y los hechos ocurridos el 24 de julio de 2013. "El trágico accidente no hubiese sucedido si Adif, más concretamente la Dirección de Seguridad en la Circulación y el acusado Cortabitarte López, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente", asevera.


"La fuente del riesgo existente en el punto del accidente, la frontera de la LAV082, su integración con la línea convencional, el cambio significativo de velocidad, la curva, el exceso de velocidad y el error humano forman un conjunto de riesgo único en esta curva, que la hacen alternativamente vulnerable y peligrosa ante el fallo humano", añade.


Así, Mario Piñeiro entiende que "esta fuente de riesgo debió ser evitada por el imputado con un deber positivo de actuación, tal y como se hizo con posterioridad al accidente".


Pero reprueba que "ni se evaluó ni se gestionó para convertirlo en un riesgo tolerable, estableciendo una elemental barrera de protección ante el previsible fallo del maquinista en el tramo del accidente, único punto de la vía en que existía el problema del control del exceso de velocidad".


En el escrito, enumera los fallecidos y los heridos, así como los desperfectos en la vía. En el apartado de la prueba, propone el interrogatorio de los acusados así como numerosas testificales, incluidas las de los afectados por el siniestro.


El anterior escrito

En octubre de 2015, el anterior fiscal encargado del caso, Antonio Roma, solicitó la apertura de juicio oral contra el maquinista del tren Alvia siniestrado en Angrois el 24 de julio de 2013, por entonces el único imputado en la causa, para el que pedía también cuatro años de prisión.


Además, Roma fijaba en más de 42,89 millones la indemnización para las víctimas del siniestro. 

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