Aunque, a efectos prácticos, la actuación policial con la que el pasado miércoles se certificaba el desalojo del Residencial Finisterre de A Silva cierra el capítulo de aquella ocupación, la resolución adoptada es en realidad una medida cautelar, adoptada en el curso de un procedimiento judicial por delito de usurpación que todavía sigue abierto contra las familias gitanas y el grupo de jóvenes antisistema que tomaron aquella propiedad privada hace tres meses.

El Código Penal culpa de esta modalidad delictiva a aquel que sin autorización debida ocupa un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada contra la voluntad de su titular, incluso cuando esa ocupación no se realiza por la fuerza. Por conductas como la de A Silva, la Fiscalía Provincial abrió durante el año pasado un total de 115 procedimientos, que suponen más de un tercio de los que se incoaron en Galicia en 2011, 290.

El dato supone también un incremento de un 16% respecto a los delitos de usurpación investigados en la provincia el año anterior, cuando se alcanzaron las 99 diligencias previas incoadas. Este es el tipo de procedimiento que se siguió en todos los casos, ya que ninguna de las denuncias se tramitó como urgente.

En ese período tampoco se registró ninguna medida de prisión provisional para ninguna persona investigada por este delito, que sin embargo sí es susceptible, tal como ocurrió en A Silva esta misma semana, de motivar la adopción de medidas cautelares, como es el desalojo inmediato de los ocupantes de un inmueble ajeno antes de existir una sentencia en su contra, cuando existan indicios de criminalidad.

Protección > La jueza que instruye la causa en relación con el Residencial Finisterre ya hacía constar en el auto donde ordenaba el desalojo y en el que autorizaba a la fuerza pública para actuar por la fuerza en caso de que los okupas desobedeciesen la orden que les instaba a vaciar el inmueble, que este tipo de diligencia, que se dicta como mecanismo de protección a las personas perjudicadas por un delito, está justificada siempre que responda \“a la necesidad de dar fin a la comisión de un hecho delictivo\”, como es la usurpación de una vivienda.

Para la magistrada de instrucción 2, la expulsión de los habitantes de A Silva estaba justificada por la \“ocupación masiva\” y \“sucesiva\” de las viviendas por parte de las casi cuarenta familias procedentes del asentamiento gitano de Penamoa y el grupo de jóvenes antisistema que se había instalado en las viviendas dos meses antes que los chabolistas.

Pero la investigación judicial no concluye aquí, sino que seguirá abierta hasta que se archiven las diligencias o bien se siente en el banquillo a las personas consideradas infractoras, un hecho que puede postergarse varios años.

\“Efecto llamada\” > En el auto donde se autorizaba el desalojo preventivo del residencial en atención a las solicitudes realizadas por la Fiscalía y los denunciantes –las promotoras Proinsa y Caja España, titulares de los pisos, y los compradores particulares– también se aludía al \“cierto concierto\” con el que se había producido el traslado a las viviendas vacías, así como el \“efecto llamada\” que podría registrarse, de mantenerse allí los moradores ilegales.

Esa es, precisamente, una de las cuestiones que más preocupaba a los residentes en el entorno de los edificios, que a la vista de la llegada de familias a los pisos vacíos temían que otras personas pudieran sumarse a la ocupación ilegal, bien de esos bloques concretos o de algunos otros en circunstancias parecidas. Hasta ahora no se ha registrado un traslado de las personas desalojadas a otros inmuebles, si bien el Ayuntamiento ha pedido a los propietarios de pisos vacíos que extremen las precauciones.