Los ocho acusados por la caída de una grúa que, en noviembre de 2002, costó la vida a dos septuagenarias que residían en el edificio de la calle Real sobre la que se produjo el desplome deberán volver a sentarse ante el juez, justo un año después de que sus abogados suscribiesen un acuerdo verbal por el que cerraban el procedimiento penal con condenas de medio año de cárcel para seis de los encausados.

El cambio de titular del juzgado designado para enjuiciar la causa, el de lo penal número 1, y el hecho de que aquel preacuerdo, alcanzado en presencia del anterior magistrado, no llegara a formalizarse en papel han obligado a este órgano a volver a fijar fecha para juicio, que se abrirá el próximo 13 de febrero, justo un año después del primero.

Con todo, las partes que concurren a la vista cuentan con revalidar aquel pacto de conformidad, por el que se culpó de dos delitos de homicidio por imprudencia al administrador, el coordinador y el perito de la empresa propietaria de la grúa, Talleres Hércules, y del mismo modo al montador jefe, el gruísta y el responsable de la inspección técnica que había pasado con éxito el aparato un mes antes del accidente.

Seis de las ocho personas encausadas aceptaron, hace un año, seis meses por dos homicidios imprudentes

Absueltos > El preacuerdo dejaba libres de culpa a los otros dos acusados, montadores de la grúa, en consonancia con el criterio que ya había mantenido, sin éxito, el fiscal durante la instrucción.

Por él se cerraba el aspecto penal de la causa, y se dejaba vía libre para que las 27 acusaciones –que representaban a los damnificados por la caída de la grúa y, en su caso, a los herederos de las fallecidas– y las defensas negociaran las indemnizaciones.

El año que se ha demorado el final del proceso penal alarga también la espera de los perjudicados por percibir las compensaciones derivadas de los daños que sufrieron sus viviendas o sus negocios, y los traslados a los que se vieron forzados.

Fueron muchos los afectados por el derrumbe de aquella grúa, tal y como quedaba recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía: desde el Ayuntamiento –titular del teatro Rosalía, sobre el que cayó la flecha del aparato– a los habitantes del inmueble número 3 de la calle Real –donde residían las fallecidas– y de los portales 1, 4, 5 y 6 de la misma vía, además de los responsables de varios puestos ambulantes de la zona y el del quiosco de La Marina.

Temporal > La vida de todos ellos cambió a las 15.36 horas de aquel 13 de noviembre de 2002, cuando el viento del mismo temporal que aquella noche haría encallar el buque \“Prestige\” hizo venirse abajo la grúa, al desplazarse uno de los raíles sobre los que se asentaba a causa de las fuertes vibraciones y desmontarse la base de hormigón que la sostenía, al no estar asegurada.

Consecuencia de ello, la flecha de la máquina se derrumbó sobre el edificio del teatro Rosalía, mientras que la contraflecha derribó las plantas cuarta y quinta del portal número 3 de la calle Real, donde las víctimas se encontraban, a aquella hora, hasta quedar encajada encima de un edificio del callejón de la Estocada.

Tras una extensa investigación, la Fiscalía concluyó que la causa directa del accidente estaba en los fuertes vientos, que en aquella jornada alcanzaron los 104 kilómetros por hora. Pero la responsabilidad real la encontraba el Ministerio Público en el hecho de que la grúa \“no era autoestable en dichas condiciones\” meteorológicas.

Entre las irregularidades que destapó la instrucción, el fiscal destacaba que en el montaje y mantenimiento de la estructura se habían incumplido varios puntos del manual, ya que los raíles sobre los que descansaba no estaban sujetos a una base y tampoco los bloques que la sustentaban estaban asegurados. También se hacía notar que el aparato carecía de una palanca para accionar el sistema de veleta para reducir la resistencia al viento.

Por todo ello y por las consecuencias, los acusados se enfrentaban –y en lo formal, vuelven a enfrentarse– a peticiones de condena de entre 32 meses y seis años de reclusión.