La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 14 votos a favor, 19 en contra y una abstención, la proposición no de Ley (PNL) de VOX que pedía vacunar contra la COVID-19 "de forma urgente" a los "ciudadanos españoles y residentes legales en Ceuta y Melilla" que "voluntariamente lo quieran".

"Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, es urgentísimo vacunar de forma diligente a todos los ciudadanos españoles y residentes legales de estas ciudades africanas tan españolas como Albacete", ha reivindicado el diputado de VOX Juan Luis Steegmann, quien ha advertido del riesgo de contagio en Ceuta y Melilla por la entrada masiva de migrantes que se produjo en mayo, un hecho que ha calificado como "invasión".

José Ortiz Galván, del PP, ha reclamado "incrementar el número de dosis y los recursos humanos para posibilitar que la vacunación llegue a toda la población de Ceuta y Melilla en el menor tiempo posible". "Exigimos que el Gobierno trabaje", ha reivindicado, recordando que el Ejecutivo tiene las competencias sanitarias en las ciudades autónomas.

Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido, al considerar que mezclaba la inmigración con la COVID-19. "Se pretende vincular el riesgo de contraer la COVID-19 con los acontecimientos que se han producido en Ceuta. Estamos de acuerdo en vacunar, pero se mezcla con cuestiones que poco tienen que ver y está buscando inocular un mensaje que pervierte la realidad", ha argumentado el diputado Guillermo Díaz.

En una corta y rotunda intervención, la diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel ha denunciado que vincular la inmigración con los contagios "incita al odio y a la violencia". En la misma línea, Daniel Viondi, del PSOE, ha afeado el "tufillo xenófobo" de la propuesta de VOX.

"Han hecho un batiburrillo infumable, han cogido varios ingredientes y han mezclado Marruecos con un tufillo xenófobo en cada una de sus expresiones. Es una PNL que es una invasión, pero de competencias, porque confunden gestión de las vacunas con estrategia", ha remachado Viondi.

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL POST COVID-19
Por otra parte, la Comisión sí ha rechazado, con 15 votos a favor, 18 en contra y una abstención, la propuesta del PP de crear y poner en marcha una estrategia de atención integral para atender a pacientes que sufren consecuencias de la COVID-19.

"Es una realidad cada vez más presente, hay más de 50 secuelas en pacientes con COVID-19 y casi la mitad sufre problemas respiratorios. Las unidades de seguimiento post COVID-19 son de gran importancia y van a permitir recolectar unos datos para descifrar su origen y realizan ensayos clínicos para ofrecer estrategias farmacológicas eficaces", ha resaltado la diputada popular Elvira Velasco.

A su juicio, las secuelas tras la COVID-19 "son muy variadas y requieren de nos criterios de calidad, y no en función del código postal en el que vivan los pacientes". "Hay que atender mejor a los contagiados de coronavirus", ha detallado.

Por su parte, la diputada socialista Sandra Guaita Esteruelas ha criticado que esta PNL está realiza "a imagen y semejanza de la propuesta de Ayuso en Madrid". "En plena crisis pandémica, había carencias importantísimas en esta comunidad y no fueron capaces de solucionarlas, porque el papel lo aguanta todo pero su gestión ha sido nefasta", ha criticado.

De igual forma, la Comisión ha apoyado con 17 a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones una PNL del Grupo Plural que insta al Gobierno a incluir al personal de limpieza y de mantenimiento de centros sanitarios y sociosanitarios en la relación de colectivos que tienen reconocido el contagio por COVID-19 como enfermedad profesional, independientemente de su modalidad de contratación, asemejando su situación, de forma retroactiva, a la de los demás profesionales sociosanitarios.

La proponente de la PNL Concep Cañadell Salvia ha lamentado que se "excluyó incomprensiblemente" al personal de limpieza y de mantenimiento cuya contratación se hace a través de contratas, pese a que trabajen en un centro sanitario o sociosanitario. "Esta modalidad de contratación es la que llevan a cabo la mayoría de centros sanitarios o sociosanitarios, por lo que a día de hoy la gran mayoría de estos trabajadores no disfrutan de esta cobertura", ha esgrimido.

En este sentido, la PNL defiende que estos trabajadores "desempeñan unas tareas que son absolutamente fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de todos los espacios de cualquier centro sanitario y sociosanitario".

A este colectivo la baja laboral por contagio de COVID-19 en el ejercicio de su profesión se les considera accidente de trabajo, por lo que perciben una prestación solamente del 75 por ciento de su base reguladora, mientras que los sanitarios perciben el 100 por cien de la nómina cuando causan baja laboral.

En el accidente laboral, los beneficios empiezan con la baja y se da por concluido el proceso con el alta. Por el contrario, la enfermedad profesional proporciona cobertura durante toda la vida del trabajador y el proceso no termina con el alta, sino que se habilita un posterior seguimiento periódico del paciente. Esto es, si mañana o dentro de diez años un sanitario contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrá una cobertura para la Seguridad Social.