El Tribunal Constitucional (TC) anuló el 2 de julio el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de la CRTVE y el 14 declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario de marzo del año pasado. Dos sentencias llamativas.

Dejo a los juristas el análisis de lo que el TC califica de abuso del Real Decreto por el Gobierno en el caso de la señora Mateo y del insuficiente armazón legal del estado de alarma para recluir a los españoles. Pero ambas sentencias se prestan a algunas reflexiones.

Una. La justicia es una columna del Estado de derecho y en democracia los tribunales, también el TC, son el garante del ordenamiento jurídico. Contienen al poder político y restituyen la legalidad con sentencias como estas.

Dos. Pero llegan tarde. La señora Mateo lleva cuatro meses fuera del cargo. Nadie tuvo tanto poder en la CRTVE como ella, administradora única sin un consejo de control, lo que explica la mala gestión con pérdida de calidad informativa y de credibilidad. ¿Cómo recupera el crédito y la audiencia el ente público, que pagamos todos, y como se restituye el honor de los trabajadores purgados o marginados?.

Cabe decir lo mismo de la sentencia sobre el estado de alarma, que llega casi año y medio después del confinamiento. ¿Qué reporta a los ciudadanos que tantos meses después de aquel encierro el TC anule la medida más dura y traumática del estado de alarma? Por tanto, las sentencias no reparan el daño causado por los Decretos que invalidan.

Alguien debería explicar por qué el TC tardó tanto en resolver asuntos importantes como estos. La lentitud notoria de los jueces dictando sentencias evidencia el mal funcionamiento de la Justicia, con graves perjuicios para el país y los ciudadanos.

Tres. En cuanto al Gobierno de España, ¿cómo explicar que con tres jueces en el Consejo de Ministros, la Abogacía del Estado y cientos de asesores a su disposición no conociera los límites que marca la Constitución y coseche ahora este suspenso del TC? Del varapalo tampoco se libra la oposición que entonces aprobó en bloque el estado de alarma.

En resumen, por la incompetencia o arrogancia de los gobernantes que saltaron la legalidad vigente, la CRTVE estuvo dirigida irregularmente tres años y los ciudadanos encerrados tres meses, también de forma irregular.

Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, denunció presiones del Gobierno para inclinar su voto a favor del estado de alarma. Ahora, el mismo Gobierno se revuelve contra la sentencia y desprestigia al TC, como hace con otras instituciones del Estado cuando sus decisiones no le son favorables. Un atentado a la división de poderes y a la lealtad constitucional que, si no se corrige, ¡que Dios nos ampare!