El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Luis Míguez Macho, elaboró un informe en el que apunta, basándose en la legislación relativa al caso, que es el Estado quien debe ser responsable de las compensaciones por la paralización del marisqueo durante las obras del dragado de la ría do Burgo.

Tras analizar las diferentes leyes y normativas que pueden afectar al caso, Míguez señala, en las conclusiones de su informe, que las obras del proyecto de dragado están calificadas como de interés general y son competencia de la Administración General del Estado. La ejecución del proyecto impedirá la actividad en este enclave, como, por ejemplo, el marisqueo. En este aspecto, prevalecen las competencias del Estado al realizar obras públicas de interés general sobre la actividad marítima y terrestre que sea competencia del Gobierno autonómico.

Es por ese motivo, entre otros, que concluye que debe ser el Estado quien deba corresponder las eventuales compensaciones derivadas de la suspensión de actividad por el dragado.

Estudio

Míguez elaboró el informe a petición de la Consellería de Mar, que a su vez ha remitido el informe final a la cofradía de pescadores de A Coruña.

A lo largo del texto, Míguez revisa apartados de la Ley de Costas, las competencias administrativas, sentencias judiciales, así como quien es el titular de los terrenos y quien ejerce la actividad en los mismos.

Añade Míguez que es fruto del “deber constitucional” la colaboración entre las administraciones públicas en pos de la utilidad pública, algo que, según relata en su escrito “justifica el sacrificio, en este caso temporal, de los títulos habilitantes para la realización de actividades en el mismo espacio” por parte de la Xunta en favor de la Administración General del Estado.