El salario mínimo interprofesional (SMI) representa aproximadamente dos tercios del sueldo medio de un trabajador extremeño y en cambio no llega ni siquiera a la mitad de lo que gana un asalariado vasco. Las diferencias son más notables aún si se tiene en cuenta además el género, ya que la cuantía del SMI supone casi tres cuartas partes del sueldo medio de una mujer extremeña y apenas supera el 40% de lo que percibe un varón de Euskadi.

Igualmente se ensanchan las diferencias si se consideran junto al componente territorial las retribuciones por sectores, puesto que entonces el salario mínimo equivale a casi el 70% del sueldo medio de la construcción en Extremadura y no llega ni al 39% de lo que se cobra de media en la industria en Madrid.

Utilizando para el cálculo los datos del SMI actual –13.300 euros anuales para trabajadores con jornada legal completa, igual en todo el país– y la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE –el 22 de junio pasado, aunque correspondiente a 2019– el salario mínimo representa el 54,52% del salario medio y el 71,93% del más frecuente.

En cifras absolutas, eso significa que un trabajador que perciba el SMI durante todo un año cobrará 11.096 euros menos de la media de los sueldos del país (24.396 euros), aunque solo 5.190 euros menos que el salario más frecuente (18.490 euros).

Territorializada, esa diferencia respecto a la media asciende a 16.176 euros en el País Vasco, 14.517 en la Comunidad de Madrid o 14.193 en Navarra y, sin embargo, se queda en 6.640 en Extremadura, 7.561 en Canarias y 8.608 en Castilla-La Mancha.

La diferencia máxima teniendo en cuenta el factor género se da con la media de los trabajadores varones del País Vasco, 19.229 euros, y la mínima con las mujeres con empleo en Extremadura, 4.712 euros.

Y considerando los sectores económicos, la distancia mayor del SMI es de 21.073 euros con el sueldo medio de la industria en Madrid y la menor es de 5.948 con la retribución de la construcción en Extremadura.

El pasado jueves el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, abogó por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar salarios mínimos interprofesionales diferenciados por territorios, para adaptar este indicador a una “España diversa” como ya se hace en la negociación colectiva.

Por el contrario, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, descartó de inmediato establecer un SMI territorial porque “tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado”, es algo “por completo ajeno a la tradición jurídica y política” española y “tendría efectos devastadores en la unidad de mercado”.

Este debate se produce en el momento en que el Ministerio de Trabajo inició la negociación para subir el salario mínimo tomando como punto de partida los 15 euros de media para 2021 que recomiendan los expertos, aunque con margen para mover esa cifra en aras del acuerdo social.