El Ayuntamiento espera que muy pronto el juzgado ordene el desalojo de las dos personas empadronadas en las viviendas de San José, junto a la refinería, lo que le permitiría seguir adelante con su plan de derribar esos edificios ruinosos, un conocido punto de narcotráfico. Los afectados aseguran que todavía no dan por perdida la batalla legal, pero son realistas: “Nosotros nos vamos por las buenas si hay una orden del juez”.

Las dos personas empadronadas en esas viviendas son un hombre de 68 años y una mujer de 56, ambos de etnia gitana. Su hijo, que prefiere no identificarse, asegura que ninguno de los dos goza de buena salud. “Mi padre está en cama, y solo se puede mover con muletas. Tiene problemas de corazón y de diabetes”, denuncia. Asegura, además, que los servicios sociales no se han puesto en contacto con ellos para ofrecerles una alternativa. “No nos han ofrecido ni un piso, ni un alquiler, nada”, .se queja. Por otro lado, fuentes municipales sostienen que la pareja no vive realmente allí, aunque estén empadronados y, por tanto, no tienen la obligación de proporcionales una alternativa

Por supuesto, está el tema del tráfico de drogas, uno de los principales problemas que se genera en ese punto. A día de ayer, se podía ver a sujetos de aspecto desaliñado entrando y saliendo de la única finca no vallada por obras, lo que indicaría que el negocio se está manteniendo hasta el final. Ya son más de diez años en los que San José se ha consagrado como un punto de venta de heroína y otras sustancias, y sin duda esa es una de las razones que el Ayuntamiento ha alegado ante el juez para acelerar el desalojo.

El hijo de los principales afectados no lo niega, sino que le quita importancia. Aunque de San José se ha hablado mucho, no se trataría de algo excepcional. “Se trafica también allí y allí”, dice señalando la ciudad, avenida de Finisterre abajo. Más bien considera que parte de la razón por la que se les presiona para que abandonen las viviendas es el hecho de que sus habitantes sean gitanos.

Proceso judicial

El proceso judicial comenzó hace más de un año. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, manifestó recientemente que esperan que, tras el parón vacacional propio del mes de agosto, el juez dictamine próximamente el desalojo. Pero el portavoz de los afectados no lo ve tan claro: “Todavía hay margen para recurrir. Creemos que el fiscal no quiere llevar el desalojo adelante”. El propio Villoslada había comentado que ya se había conseguido dilatar el proceso con un recurso. Sin embargo, fuentes municipales lo consideran poco probable.

El Ayuntamiento finalizó el año pasado el proyecto demolición, esperando actuar lo más rápido posible. Para muchos, se trata de la única solución real para acabar con el problema de estas viviendas. En los últimos diez años, la Policía Nacional ha llevado a cabo dos grandes redadas contra este punto negro: una en 2012, cuando varios integrantes del clan acabaron en la cárcel, aunque los agentes solo consiguieron hacer se con 60 dosis de cocaína y cinco de heroína. Tampoco “Margen”, la redada del 24 de noviembre de 2018, consiguió incautarse de un gran alijo.