Pasadas las diez de la mañana, acompañando a la comitiva judicial, agentes de la UPR de la Policía Nacional acudieron al número 21-23 de la avenida de Peruleiro para ejecutar una orden de desalojo en una supuesta casa okupa, un viejo edificio de dos pisos. Un cerrajero abrió la cerradura, pero la puerta de madera se hallaba asegurada por detrás, de manera que fue necesario que un agente del UPR empleara un ariete para derribar el obstáculo, pero no hallaron a nadie en el interior.
La acción policial arrancó algún aplauso y una pitada de un vehículo que pasaba por la avenida. Después de romper la puerta del número 21, el cerrajero comenzó a retirar los tornillos que cerraban la puerta del número 23, que finalmente los policías atacaron con mazo, palanca y el inevitable ariete hasta que por fin consiguieron abrirlo y pudo examinarlo los funcionarios del juzgado, así como la procuradora y el abogado de la propietaria.
Pero lo cierto es que, una vez estuvieron en el interior, los agentes pudieron constatar que hacía mucho tiempo que no vivía nadie en su interior. De hecho, advirtieron de que resultaba peligroso incluso tratar de acceder al piso superior. Después de aquello, se procedió al tapiado de ambos accesos.
Desde hace un par de años, los vecinos de Peruleiro se han quejado de la presencia de okupas que han traído inseguridad a la zona. Algunos de ellos, jóvenes inmigrantes irregulares magrebíes, son acusados de robos, hurtos, e incluso agresiones, pero ocupan un edificio cercano, el número 29. A este hay que añadir otro inmueble, en el Camino do Pinar, justo detrás.
En todo caso, los vecinos están satisfechos de que por fin se estén tomando medidas contra la okupación. Todos los propietarios afectados han formado un frente común con un único representante legal que ha llevado a cabo las acciones judiciales necesarias para acabar con esto.