Un hombre, de nacionalidad albanesa, acusado de robos en viviendas de distintos municipios gallegos, principalmente de Oleiros, ha aceptado tres años y nueve meses de prisión, pena que ha sido sustituida por su "expulsión del territorio nacional no pudiendo regresar en un plazo de seis años".

Durante el juicio fijado para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, la Fiscalía y la defensa han llegado a un acuerdo de rebaja de la pena, además de incluir la atenuante de reparación del daño tras reconocer los hechos el procesado.

Del mismo modo, al no superar los cinco años de prisión, se ha acordado la sustitución de la totalidad de la pena por la expulsión del territorio nacional "no pudiendo regresar en un plazo de seis años" el procesado que, no obstante, tiene todavía otras causas pendientes.

Para el Ministerio Público, los hechos juzgados son constitutivos de delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, falsedad documental, así como delito leve continuado de hurto con el agravante de disfraz en robo. Por todos ellos, se ha impuesto una pena total de tres años y nueve meses de cárcel.

El condenado, además, deberá indemnizar a los perjudicados con 30.000 euros, de los cuales se hará un "reparto proporcional" en función de los daños causados.

Los delitos cometidos también se produjeron en Sanxenxo (Pontevedra) y otros ayuntamientos coruñeses como Bergondo y Sada. Otro compatriota está en paradero desconocido y otras personas sin identificar o con procedimientos abiertos en otros juzgados.

Hechos

Según el Ministerio Público, el acusado, junto a otro compatriota, en paradero desconocido, y otras personas -- algunas de ellas sin identificar y otras con procedimientos judiciales abiertos en otros juzgados -- formaban un grupo organizado, con distribución de funciones, para el robo en viviendas, principalmente del norte de España.

Para los desplazamientos se trasladaban desde Cataluña, donde se encontraban asentados, al resto de lugares, entre ellos Navarra, País Vasco, Castilla y León y finalmente Galicia a bordo de vehículos, la mayor parte de alta gama, con matrículas sustraídas o dobladas.

Estos movimientos se repitieron de forma continuada "cuando menos desde julio de 2021 hasta los primeros meses de 2022", constando abiertos distintos procedimientos judiciales frente al acusado y distintos miembros del grupo en juzgados de Pontevedra, País Vasco, Navarra y Cataluña.