La noticia llegó el 8 de enero de 2020. Generó desesperación e incredulidad en una familia que se encontraba a más de 12.000 kilómetros de distancia. Diego Bello, un coruñés de 32 años que vivía en la isla de Siargao, Filipinas, había perdido la vida en lo que la policía del país asiático tildaba como una operación contra el tráfico de drogas. Este miércoles se cumplen cinco años desde su asesinato y sus familiares y allegados siguen buscando justicia. Este martes, la historia de Diego llegó a la pequeña pantalla a través de un documental disponible en la plataforma RTVE Play y que mañana se emitirá en La 2 a las 21.00 horas. Una hora y media en la que se ha podido reconstruir una historia marcada por el objetivo de limpiar el nombre del joven que contagiaba su energía a todo aquel que se cruzaba en su camino. 

Sus padres, Pilar y Alberto; su hermano, Bruno; su tío, Francisco; y sus amigos, cuentan en el documental que las inquietudes de Diego por viajar comenzaron desde pequeño. En noviembre de 2017 su pasión por el surf lo llevó a Siargao. Allí quería formar una familia. “Era su paraíso”, relata su madre. En la isla, además de hacer amigos, inició su andadura como emprendedor, llegando a tener varios negocios que despertaron los celos de gente con poder, tal y como asegura su círculo más cercano de Siargao. Primero abrió un hostal, después llegó Mamon, la marca de ropa de surf que llegó a traspasar fronteras. Pero La Santa, una fiesta electrónica destinada a turistas, fue lo que le puso en el foco. “Se hablaba de La Santa hasta en Manila”, sostienen sus amigos Pedro y Arturo.

A las dos semanas de abrir “llegaron los problemas”. La Santa no tenía muros ni paredes y algunos vecinos se quejaban del ruido. Esto coincidió con la llegada a Siargao del capitán Vicente Panuelos, un policía “muy estricto” que comenzó a recortar el horario de las fiestas. La Santa “cumplía a rajatabla”, pero los problemas no cesaron. El 7 de enero de 2020 Diego va a Mamon a por la recaudación del día y, en su camino a casa, “le abordan tres personas que no conoce de nada y le dan el alto. Le dio la sensación de que querían hacerle algo”, comenta Pedro. Tras esto, se fue a La Santa, y al salir, emprendió su viaje a su casa, a menos de un minuto en moto, donde lo esperaba Jinnah, su pareja. Pero Diego nunca llegó a reunirse con ella. Tras recibir un mensaje del coruñés, esta escuchó disparos fuera de su casa, por lo que alertó a Pedro y Arturo. Estos llegaron en cuestión de minutos, y se encontraron un escenario que son incapaces de recordar sin ver la emoción y el dolor en sus miradas. 

Unos agentes de Policía, dicen, estaban junto al hogar de Bello “muy nerviosos porque no se esperaban que llegásemos tan rápido”. “Nos ponen de rodillas y, al preguntarles qué pasaba, nos dijeron que Diego estaba vendiendo cocaína”, añaden. Es entonces cuando nada cuadra a sus allegados. El cuerpo de Diego estaba tendido en un descampado, boca abajo, “y dicen que llevaba una riñonera y una pistola”. Sus amigos afirman que “pensamos que el cuerpo ha sido colocado y manipulado”. Tenía orificios de bala en el cuello, abdomen, pecho, glúteo y pie. Cuando lo llevan al hospital, sus amigos lo siguen, pero a su llegada encuentran a su amigo fallecido en el exterior del centro, solo. Ahí empiezan 48 horas de “miedo”, ya que estos no sabían si también eran un objetivo de la policía. A los dos días, se van del país.

El camino hacia la justicia

La prensa filipina anuncia la muerte del coruñés en lo que se denomina como una “operación antidroga” en la que los agentes habían planeado la compra ficticia de diez gramos de cocaína para poder detenerlo. Al intentar hacerlo, la versión policial es que Diego –supuestamente considerado el líder del narcotráfico en la isla– sacó un arma y comenzó a disparar, pese a que ninguno de los agentes fue herido. Alberto Benavente, agregado del Ministerio del Interior de la embajada de España en Filipinas, comprobó que Bello “estaba limpio”, tanto en España como en Filipinas. En el informe policial, además, no se aportaban “datos de nada”. No recibió nunca respuesta de a quién pertenecía el arma que Diego, según los agentes, portaba. Tampoco de datos sobre la supuesta investigación que relacionaba al fallecido con el tráfico de drogas.

Resultaba extraño, además, que una persona decidiese vender droga junto a su casa. Una vez el cuerpo de Diego llegó a su A Coruña natal, comenzó la maquinaria social que ha llevado a que la justicia para Diego esté cada vez más cerca. Las cámaras de La Santa muestran que el coruñés no llevaba ninguna riñonera un minuto antes de su muerte. Esto fue fundamental para la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que llegó a declarar, el 31 de julio de 2020, que los hechos contradicen la versión policial. Tras el confinamiento, que paralizó las movilizaciones de la plataforma Justicia Para Diego, llegó este primer halo de luz, seguido por la presión política a nivel nacional e internacional para poder limpiar el nombre del coruñés.

Los amigos de Diego relatan que ellos mismos había sufrido amenazas en 2019 por sus negocios de ocio nocturno. “Querían sacar todos los negocios de extranjeros de la isla”. Estas personas eran “muy poderosas”. “Molestaba y se montó este circo para quitarlo”, concluyen.

Vicente Panuelos, Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda fueron los tres agentes implicados en la muerte de Diego. En septiembre de 2021 se les imputan los delitos de asesinato y falsificación de pruebas y se decreta su entrada en prisión. Estuvieron un año en paradero desconocido hasta que se entregaron a la justicia. La madre de Diego confía en poder tener algún día algo de paz. “De tu fuerza sale el resultado”. Y precisamente esta familia lo demuestra: “Diego representa a las miles de personas que fueron asesinadas en la guerra contra las drogas”, sentenció la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. 

El juicio por el crimen de Diego Bello continúa. Lento, pero por el camino correcto. Así lo asegura a este diario su tío, Francisco Lafuente. Este señala que el proceso judicial se centra ahora en revisar la solicitud de libertad provisional de los abogados de los tres policías. “Estuvieron un año desaparecidos, por lo que no se entendería que quedasen en libertad”, dice. Además, la jueza “está llamando a testigos y expertos en balística con el objetivo de determinar si alguno de los disparos fue hecho a bocajarro, lo que desmontaría del todo la teoría de defensa propia”. En diciembre hubo dos vistas. “La cosa va lenta, pero va para adelante”.