El secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, ha tachado este martes de “insuficientes” las medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania durante una concentración en A Coruña.

En torno a un centenar de delegados y delegadas de la CIG han protestado esta mañana al grito de “Galicia no soporta la subida de las facturas” ante la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia, con motivo de la aprobación en el Consejo de Ministros del plan de medidas ante las consecuencias económicas de la guerra.

En declaraciones a los periodistas, Carril ha sostenido que la actual situación de “encarecimiento de la vida” requiere “cambios de políticas por parte del Gobierno español y del gallego” y “una intervención de la economía ya, sin más retraso”.

“Entendemos que las medidas que hoy salen adelante siguen siendo insuficientes”, ha subrayado el sindicalista, que ha insistido en “no usar la guerra como pretexto” y en calificar las medidas de “injustas”.

En este sentido, ha criticado que se hable de incrementar el presupuesto destinado a Defensa “mientras el encarecimiento de la vida sigue imparable en bienes básicos de consumo y en el combustible”.

“Son muchas las medidas que se pueden tomar, pero tiene que haber voluntad por parte de los gobiernos de querer intervenir en el sector eléctrico”, ha remarcado Carril.

Así, ha enumerado una serie de medidas que propone la CIG para hacer frente a la actual situación, entre ellas, la creación de una tarifa eléctrica especial, durante 24 meses, que fije el precio de referencia entre los 10 y los 60 euros para quien tenga una potencia contratada inferior a 15 kilovatios.

Su paquete de propuestas también contempla retirar del mercado mayorista para fijar el precio de la electricidad a las centrales hidroeléctricas y nucleares, además del gas, por tener, ha dicho, “beneficios millonarios”.

Asimismo, la central sindical demanda aplicar en la tarifa el tipo mínimo del IVA (4 %) y eliminar el impuesto de generación (7 %) que las empresas productoras repercuten en el recibo.

También ha propuesto controlar y fijar el beneficio obtenido por las eléctricas y crear una tarifa eléctrica gallega.

La fijación de un precio máximo de la gasolina y el diésel mientras no se estabilicen los precios, tomando como base el precio medio en las gasolineras a 24 de febrero de 2022, es otra de sus reclamaciones.

Respecto a los salarios, Carril ha exigido fijar el salario mínimo interprofesional en 1.167 euros al mes, que es el 60 % del salario medio del Estado español.

Finalmente, el secretario general de la CIG ha cargado también contra la Xunta para tildar de “lamentable” que esté más pendiente “de la sucesión” de Núñez Feijóo que “de tomar medidas”, por ejemplo, “para defender al sector primario”.