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jueves | 28 noviembre | 2024
Mes y medio después de entrar en vigor el Índice de Precios de Referencia del alquiler, solo Cataluña ha declarado zonas de mercado residencial tensionado, mientras que en el resto de España apenas una docena de municipios ha solicitado esta declaración, que se niegan a activar las comunidades gobernadas por el PP.
Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos (Comunidad de Madrid); Rentería (País Vasco); Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla de Abona y La Orotava (Canarias); Gijón (Asturias) y A Coruña (Galicia) son los municipios que hasta el momento la han pedido oficialmente, según la información recabada por EFE.
Ninguno de ellos la ha obtenido, ya que el PP, el PNV y Coalición Canaria, los partidos que gobiernan esas comunidades -y que votaron en contra de la ley de vivienda- rechazan la política de intervenir en los precios.
En esa línea, el PP ha promovido varios recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta ley, una de ellas del gobierno andaluz, que dice no haber recibido ninguna petición.
Entretanto, en Asturias, donde el único ayuntamiento que lo ha demandado ha sido el de Gijón -la mayor ciudad de la comunidad-, para los barrios de Cimadevilla y La Arena, el gobierno autonómico del PSOE ha optado por encargar un estudio a la Universidad de Oviedo para que defina las zonas de alquiler tensionado de la región.
La declaración de zona tensionada, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler y limitar las rentas de los grandes propietarios a lo que marca el Indice de Precios de Referencia.
El requisito para que un municipio pueda ser declarado zona de mercado residencial tensionado es que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
Según datos del sector, la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco, Baleares y la Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor número de zonas de mercado tensionado, pero únicamente el gobierno catalán (presidido por ERC) ha habilitado este instrumento.
Ya el pasado agosto, a los tres meses de aprobarse la Ley por el Derecho a la Vivienda, el Govern declaró 140 municipios -en los que reside el 80 % de la población catalana- como zonas de mercado residencial tensionado y ahora ha iniciado los trámites para añadir otros 131, lo que abarca al 90 % de la población.
En el resto de España, el PP se niega a hacerlo y, aunque gobierna en once de las diecisiete comunidades españolas, es en Madrid -a la cabeza de las comunidades que superaron sus precios máximos en marzo-, donde abandera el conflicto político con los ayuntamientos socialistas por este asunto.
Los alcaldes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Coslada, Parla y Ciempozuelos, que suman casi un millón de habitantes, quieren que sus ciudades sean declaradas zonas tensionadas, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no lo permite, por lo que los regidores del PSOE llevarán a la Asamblea regional una iniciativa legislativa municipal.
Para resolver esta situación, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que insta al Gobierno a reformar la ley de vivienda para establecer que los "entes locales puedan instar subsidiariamente la declaración cuando se cumplan los requisitos y la comunidad autónoma no lo haya declarado pasados seis meses de la petición".
Los socialistas, que durante la negociación de la ley de vivienda con Podemos la pasada legislatura descartaron esa opción, se mostraban entonces confiados en que la presión de sus votantes llevaría al PP a cambiar de opinión.
En el País Vasco, otra de las regiones con los precios de la vivienda más altos, un informe del Observatorio Vasco de la Vivienda -que depende del gobierno autonómico- ha calculado que 41 de sus 252 municipios reúnen las condiciones para ser declarados zonas tensionadas, todo el municipio o alguno de sus barrios.
De éstos, ya hay una veintena que han anunciado su intención de pedir la declaración y varios ya lo han aprobado en un pleno municipal, pero en la práctica, al gobierno vasco solo ha llegado hasta ahora una solicitud oficial, junto al informe correspondiente que la justifica, que es la del municipio guipuzcoano de Rentería, con alcaldesa de EH Bildu.
Entretanto, el gobierno balear del PP, que también rechaza la declaración de zonas tensionadas, porque considera que provocaría una reducción de la oferta que aumentará aún más la carestía de la vivienda, asegura a EFE que no ha recibido ninguna solicitud de ayuntamientos.
Baleares, principalmente Ibiza y Mallorca, acumula una subida constante de los precios, tanto en compraventa como en alquiler, y hay estudios que señalan que el 85,5 % de sus zonas están tensionadas.
En la Comunidad Valenciana (PP-Vox), la Conselleria correspondiente no ofrece datos, pero Alicante y Valencia se encuentran entre las provincias con el mercado residencial más tensionado de España.
Los socialistas valencianos y Compromís querían que Valencia fuera declarada ciudad tensionada, cuando ambos gobernaban en coalición en el Ayuntamiento, pero el actual Ejecutivo municipal del PP y Vox, con María José Catalá al frente, ha descartado aplicar una medida que considera "fracasada".
En Canarias hay cuatro municipios que han solicitado la declaración de zona tensionada, entre ellos, la mayor ciudad del archipiélago y una de sus dos capitales, Las Palmas de Gran Canaria, que ha aprobado esta semana en el pleno la petición formal, de la mano de su alcaldesa y exministra socialista Carolina Darias.
Los otros tres municipios corresponden a Tenerife y están situados en polos de importante demanda turística: Adeje y Granadilla de Abona, en el sur, y La Orotava, en el norte.
El Gobierno de Canarias (CC-PP), que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de regular el precio del alquiler, ha anunciado que aprobará un protocolo para definir el procedimiento que tienen que cumplir los ayuntamientos que demanden esa figura y los informes que han de presentar para justificarla.
En el caso de Galicia, solo A Coruña ha presentado la solicitud de declaración de zona tensionada, con el argumento de que es la tercera ciudad de España, tras Madrid y Barcelona, con mayor incremento en los precios, mientras que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha anunciado en varias ocasiones su intención de hacerlo, pero aún no la ha presentado.
La Xunta, no obstante, alega que la solicitud estaba incompleta y ha establecido un procedimiento en el que pide numerosa documentación de carácter técnico, que por el momento ningún ayuntamiento gallego ha completado.
