La vivienda es, probablemente, el tema más candente de la sociedad actual. Mientras unos se manifiestan para exigir lo que consideran un derecho constitucional y reducir los precios de alquiler, otros, los caseros, piden garantías, incluida la de poder expulsar a los morosos. Pero lo cierto es que los lanzamientos han crecido un 14% en 2024.  Este es el término legal para desposeer a alguien de un bien (no solo una vivienda, sino de un bajo comercial o incluso un barco) y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos del partido judicial de A Coruña contabilizó el año pasado 213 realizados con éxito. 

Conviene no olvidar que el partido judicial incluye también a Arteixo, Cambre, Carral, Oleiros  y Culleredo, así que la cifra de un desahucio cada dos días no es tan elevada como pudiera parecer. Sin embargo, el fenómeno parece haber aumentado de año en año porque en 2023 fueron 258 los procedimientos registrados, mientras que en 2024 fueron 337. De estos, 113 tuvieron un resultado negativo. Es decir, que solo el 63% de las demandas de desahucio que se presentaron llegaron a buen término, que es lanzamiento. El resto, fueron desestimados por una u otra causa como, por ejemplo, que el afectado sea considerado vulnerable según el decreto de 10/2020, que afectó a la Ley de Vivienda. 

Es esta ley la que denosta la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica (Aprovig) de la que Lucía Ares es portavoz a nivel gallego. Se trata una asociación muy joven, puesto que nació el año pasado, y agrupa a los caseros que tienen que soportar a inquilinos morosos de larga duración, lo que se denomina ‘inquiokupas’. Ares considera que han crecido mucho. “Somos una entidad nacional con 700 miembros”, explica. 

Ella critica la ley porque “es muy fácil que te den la vulnerabilidad, muy fácil: Si cobras menos de 1.800 euros y tienes un hijo ya eres vulnerable, y eso pasa con muchísimas familias”. También se considera vulnerable a cualquiera que sufra discapacidad, o violencia de género, sin que importen los ingresos que perciba. 
En cuanto al número de lanzamientos registrados en 2024, que hayan aumentado no significa para Ares que la Justicia esté actuando. Simplemente, se trata de que el número de demandas ha aumentado. Ella misma conoce en primera persona de qué está hablando, puesto que su ‘inquiokupa’ lleva viviendo en su casa sin pagar el alquiler desde hace tres años. 

Menos atascos 

“Lo que ha mejorado son los okupas, con los desalojos rápidos. Pero los ‘inquiokupas’ no”, explica Ares, cuya asociación atiende muchas llamadas de caseros preocupados por la posibilidad de que su inquilino decida no pagar. “Las compañeras se quejan del volumen de llamadas que reciben. A la gente le decimos siempre que denuncie. Puedes intentar que te pague, pero la única manera de echarle es presentar una demanda con un abogado y un procurador”, advierte. 

Ares reconoce que la justicia no es efectiva, pero “no puedes engañarles”. Muchas de las llamadas las realizan propietarios de pisos que se están planteando ponerlos en alquiler y quieren saber que riesgos asumen. A conocerlos, se echan atrás. “Hay mucha gente que directamente no ponen los pisos en alquiler”, admite la portavoz de Aprovig.