Hace casi 20 años, el entonces alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, firmó un acuerdo con la Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) por el que el Ayuntamiento cedía terreno para construir el Centro de Inserción Social (CIS) Carmela Arias a cambio de la vieja prisión provincial. Pero el Ayuntamiento no llegó a hacerse con la antigua cárcel, y veinte años de negociaciones y litigios después, la justicia anuló el convenio. Ahora se abre una nueva etapa, como reconoce el portavoz municipal, José Manuel Lage: “Evidentemente, ahora el punto de partida es distinto”. 

En noviembre se conocía la sentencia del juzgado de primera instancia  número cinco de A Coruña: el juzgado entiende que el Ayuntamiento no podía haber entregado la parcela donde se construyó el CIS porque no es un bien patrimonial, sino un dominio público y, por tanto, inenajenable. Esto proporciona una nueva arma de negociación al Ayuntamiento, puesto que el CIS está ahora en suelo municipal. “En un momento determinado, seguimos con la tramitación judicial y tuvimos éxito”, reconoce Lage. 

Ese “momento determinado” fue el 27 de diciembre de 2022, cuando el pleno rechazó el acuerdo al que había llegado con la Siepse. En el acuerdo original, el Ayuntamiento, además de ceder el terreno, debía pagar 1,2 millones de euros que fueron acumulando intereses hasta llegar a los 2,8. Rey negoció pagar 2,3 millones de euros en tres anualidades, pero ningún grupo de la oposición apoyó la iniciativa, porque, como señalaban, la cárcel se había levantado sobre terreno municipal.  Consideraban que el Estado debía devolverlo sin coste alguno.  Así que el Gobierno de Inés Rey tuvo que ir a juicio que, en contra de lo que esperaba, ganó. La Siepse anunció meses después que recurriría la sentencia pero, sin duda, esta daba una gran ventaja al Gobierno local, que ahora puede negociar un nuevo trato, en condiciones más ventajosas. “No adelantemos acontecimientos –pidió Lage–. Vamos a ver qué podemos hacer”. 

Queda por delante una negociación que el propio portavoz califica de “difícil”.  La Siepse recuerda que llevan negociando con el Ayuntamiento desde 2010, con una “actitud dialogante” que persiste a día de hoy, pero su posición es que es ilegal entregar gratuitamente el inmueble porque tienen la obligación de defender los intereses del Estado. Lage, por su parte, asegura que la intención del Gobierno local es recuperar el espacio para que sea de utilidad para la ciudad. “Vamos a ir paso a paso”, promete.