Aunque ya hace tiempo que no aparece en las portadas, los abogados del turno de oficio continúan su huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. Esto tiene una repercusión directa en el número de juicios que se celebra por ejemplo, de delincuentes comunes, que normalmente comparecen con defensa gratuita ante el juez. Eso significa que estos juicios (por robo con fuerza, por violencia o hurtos, o lesiones) se aplazan de forma indefinida, dejando en libertad a estos pequeños delincuentes. 

Hay que tener presente que un número muy limitado de sujetos es el responsable de los delitos que se registran a diario en la ciudad. Aunque no hay una estadística oficial, todos los policías cuestionados coinciden en afirmar que existe en la ciudad un pequeño grupo de delincuentes, que podría rondar los 70 individuos, que comete cerca del 40% de los delitos. Esto provoca que cuando se detiene a unos cuantos de ellos e ingresan en la cárcel, las estadísticas de algunos delitos bajen, al menos a nivel trimestral, y que cuando se produzca un delito habitual, los agentes sepan a menudo a quién buscar. “Ves en el ordenador que ha subido un delito, te enteras quién ha salido de la cárcel y es ese”, resumen estas mismas fuentes.
 

Aunque no sea un método de investigación muy científico, funciona. El problema es que cuando se detiene a uno de estos sujetos, normalmente toxicómanos que llevan años entrando y saliendo de la cárcel, normalmente es por un delito menor, que no implica su entrada en prisión de forma preventiva. “De cada cien delincuentes que detenemos, casi ninguno entre directamente en prisión–explican fuentes policiales–. Eso solo ocurre en casos muy graves”.  
 

Menos gente en la cárcel 

Como estos casos son, precisamente, los que más atención mediática reciben, (como el apuñalamiento hace unas semanas de un individuo en la calle Orzán, delante de un local de ocio nocturno), esto puede hacer creer que la prisión preventiva es una medida más común de lo normal. “El objetivo del Gobierno es meter la menos gente posible en la cárcel”, se lamenta un agente.
 

Hay que tener en cuenta que la delincuencia común no es lo mismo que delito frecuente. Por ejemplo: según las estadísticas más recientes del Ministerio del Interior, en A Coruña se denuncian cerca de 30 (33) infracciones penales al día. Pero muchos no corresponden a lo que se entendería por ‘delincuencia común’, como señalan fuentes policiales.  Muchos no llegan a ser resueltos por falta de pruebas o de testigos,  y no llegan al juzgado. 
 

Los que sí se resuelven policialmente suelen ser los atracos callejeros, que en A Coruña se han incrementado: el testigo puede señalar a sus agresores, y el caso se cierra rápidamente, a la espera de un juicio que ahora no se sabe cuándo llegará. Por otro lado, muchos de estos pequeños delitos pueden prescribir, puesto que no son importante. Esto lo advierte el portavoz del colectivo de abogados de oficio en A Coruña, Antonio Vázquez, que señala que en este partido judicial existen siete abogados de oficio de guardia en cada turno, y que la mayoría están en huelga. 
 

Después de cinco meses de parálisis, la situación ha llegado a un punto muerto: el Gobierno central no ha tomado ninguna decisión y el numero de casos pendientes en los tribunales se acumula. Vázquez recuerda que en España la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita es obligatoria, pero normalmente existen voluntarios suficientes para cubrir la prestación. 

Es decir, que los abogados (y los procuradores, que también están en huelga) trabajan para el Estado, pero sin ninguna relación contractual y, por tanto, sin ningún derecho, como una cobertura de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Ni si quiera se les paga, sino que se les indemniza. Sin embargo, sí cotizan a Hacienda.