Los nueve miembros que componen el jurado popular del juicio por el crimen de Samuel Luiz siguen deliberando. Fue el pasado lunes por la tarde cuando la magistrada les entregó el objeto de veredicto, compuesto por más de un centenar de preguntas, que deberán contestar y argumentar para llegar a la conclusión del grado de responsabilidad de cada uno de los cinco acusados. Diego Montaña, Katy Silva, Kaio Amaral, Alejandro Freire y Alejandro Míguez esperan desde entonces una llamada para conocer su futuro más inmediato. 

La Fiscalía pide para todos ellos penas de 22 a 27 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. En el caso de Montaña y Silva consta también una agravante de discriminación por condición sexual, mientras que Amaral se enfrenta también a un delito de robo con violencia del teléfono móvil de la víctima. La fiscal, Olga Serrano, se abre a una reducción en los casos de Alejandro Míguez y Katy Silva, si son considerados solo cómplices de asesinato, de trece y catorce años y seis meses respectivamente. 

El jurado tiene una “misión importante”. Durante el tiempo de deliberación, que ya supera las ochenta horas, serán “jueces a todos los efectos, para lo positivo y lo negativo”, aseguró el lunes la magistrada, Elena Pastor, quien ofreció una clara explicación del proceso. “Tendrán que contestar a las proposiciones que contiene. Son ustedes y nada más que ustedes los que decidirán qué hechos quedan probados y cuáles no”. 

Las deliberaciones del jurado popular, incomunicado desde el lunes y bajo custodia policial en un hotel, son secretas. Sus nueve integrantes tendrán que votar y resolver cada uno de los hechos que incluye el documento consensuado por las partes. En las votaciones, tal y como explicó la magistrada, no es posible la abstención y cada punto necesita cinco votos a favor si es favorable al acusado, mientras que requerirá siete votos si es desfavorable al mismo. Tras esto, deberá redactar un acta con el resultado y responder a si es partidario de suspender alguna de las penas, en caso de encontrar culpables, o incluso de proponer un indulto.

El tribunal y las partes serán convocados una vez llegue la comunicación de que ya hay consenso. Podría ser incluso el fin de semana. La magistrada será, después, la que fije las penas para los cinco acusados. El jurado tiene el reto de decidir si Montaña debe ser declarado culpable de asesinato con la agravante de discriminación, de homicidio o de homicidio por imprudencia, como pide su defensa, y si Freire es culpable de asesinato, de delito de lesiones, de homicidio imprudente o de homicidio con el atenuante de embriaguez. En el caso de Kaio, la balanza oscila entre condena por asesinato o delito contra el patrimonio. Para Silva podría ser asesinato con agravante o cómplice de asesinato, y para Míguez, además de estas dos posibilidades, su abogado se abre a un delito de lesiones. Claro está, también existe la alternativa de la absolución, como demandan las defensas de Silva, Míguez y Amaral.