13º-21º
sábado | 7 septiembre | 2024
G.P./L.T./C.B. A Coruña
El nacimiento del Foro Ideal como espacio de debate tuvo el derecho, la justicia y su actualización hacia un sistema idílico como punto de partida. Si el marco jurídico y su aplicación se asocian con un nombre ese es el de Manuel Marchena. Bajo el título ‘Retos y desafíos en el proceso penal español’, el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo realizó un recorrido cuyos marcos temporales se movieron desde la Francia revolucionaria y la España ilustrada a un horizonte indeterminado con prevención de riesgos en materia de inteligencia artificial. Advirtió sobre “la banalización” del derecho como consecuencia de los juicios públicos y advirtió sobre el “problema de credibilidad” de la justicia y el riesgo de una reforma en el sistema de investigación. “Sería interpretada como una estrategia para tener un mayor control de los tribunales”, aseguró en uno de los grandes titulares de la tarde.
“El compromiso que se tenga con los valores constitucionales es lo que define el desarrollo
de una institución”
Una de las grandes cualidades de Marchena es, evidentemente, no solamente la oratoria, sino la capacidad para destensar sin restar solemnidad a sus aseveraciones. Y lo hizo en el paso de lo personal a lo profesional. Sus primeras palabras fueron para su “especial relación” con Galicia, donde disfrutó su luna de miel y puso sobre aviso a los presentes: “Estoy haciendo un ejercicio de osadía intelectual, porque hablar de los desafíos es difícil, es imposible hacer una foto fija”.
Pasó del británico Richard Susskind al decimonónico Alonso Martínez y su ley de Enjuiciamiento Criminal. También a cómo ésta fue vista como obsoleta sólo una década después. Todo ese viaje, que incluyó la reflexión de Lucas Mallada y su ‘Los males de la patria’, terminó en dos reflexiones. Por un lado indicó: “La idea fundamental es cómo evolucionamos hacia algo que, cuando lleguemos, ya estará obsoleto”. Por otro, el enlace con la actualidad tuvo una sentencia personal y profesional. “La marcha de una institución nunca depende del marco jurídico en el que se desarrolla su trabajo, sino de la actitud personal. El compromiso con los valores constitucionales es lo que define el desarrollo de una institución”, subrayó.
Marchena sentenció que “el debate sobre el que se construye todo el proceso penal” pasa por quién debe investigar: el juez o el fiscal. “El quién de la instrucción condiciona todo lo demás”, matizó. El magistrado recordó que España es el “único país de Europa en el que investiga el juez”, mientras que Francia, donde nació la figura del juez instructor, ha caído prácticamente en desuso.
“El quién de la instrucción condiciona todo y España es el único país de Europa en el que investiga el juez”
Sin embargo, en otra de las muchas advertencias de su ponencia, el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo recordó que las instituciones que protagonizan la Justicia tienen “un problema de credibilidad” y que “cualquier reforma para equiparar España a Europa “sería interpretada como una estrategia para tener un mayor control de los tribunales”. Desde las palabras de Napoleón a las resoluciones de la ONU sobre Yugoslavia y Ruanda, así como la apuesta británica por la investigación policial llevaron a Marchena a calificar a España como “la aldea de Astérix en Galicia” respecto al modelo de investigación en el proceso penal.
Entendida la publicidad como la exposición pública y los juicios de valor en tiempo real y en tertulias mediáticas, Marchena puso el foco en “unos problemas muy serios que afectan a la dignidad de las personas”. Si bien el origen de la publicidad fue “una protección contra cualquier tipo de arbitrariedad”, lamentó que la tendencia sea a la “publicación del proceso” y no la “publicidad”.
“Cualquier reforma para equiparar España a Europa sería interpretado como una estrategia de control”
No se refirió a ningún caso concreto ni a la primera persona de su trayectoria, pero la referencia al procés le sirvió para ejemplificar la polarización del debate como si de un equipo de fútbol o una bandera ideológica inamovible se tratase. “Siempre habrá quien diga ‘yo soy de rebelión’ o el ‘yo soy de sedición’, de abuso o de agresión sexual, pero el problema de la publicidad es que pasa a la banalización y está haciendo un daño que no sé cómo solucionar”, dijo. “En el momento que te llaman como investigado, encausado, imputado o empapelado ya tienes a la prensa ejerciendo el legítimo derecho de difusión informativo”, prosiguió.
La Fiscalía Popular de Shanghai Pudong, la mayor fiscalía de distrito de China, ha implementado un sistema informático basado en la inteligencia artificial. “Es capaz de elaborar escritos de acusación con un 97 por ciento de exactitud en más de ocho categorías de delitos. Si se pueden hacer acusaciones con un algoritmo, ¿para qué queremos fiscales?”, se preguntó Marchena, quien reconoció que su propia hija, que ejerce como fiscal, se mostró propensa a una máquina semejante.
“¿Cómo mantenemos un poder judicial con jueces que no son libres, sino encadenados a quien ha diseñado el algoritmo? ”
Sin embargo, antes de dar por concluida su intervención, dejó su última sentencia de titular: “¿Cómo mantenemos un poder judicial integrado por jueces que no son libres, independientes, sino encadenados a la programación de quien ha diseñado el algoritmo? Encadenados a una verdad estadística y matemática, no fruto del razonamiento”.
TURNO DE PREGUNTAS |
¿Qué opina del uso habitual de las filtraciones de determinados jueces de la Audiencia Nacional? Lo que puedo decir de la Audiencia Nacional es que hace un trabajo ejemplar, que en alguna época ha rozado el heroísmo, y si bien es cierto que ha podido haber algún tipo de anomalía, es muy difícil saber cuál es el origen de la filtración. Entre otras cosas, porque el periodista que la consigue no puede matar a la fuente y lo que hace es silenciar en todos los procesos penales que se abren para garantizar o intentar averiguar quién ha hecho esa filtración es proteger a sus fuentes, en este caso amparándose en el secreto profesional, que es un derecho constitucional del periodista. Entonces, el problema que se plantea es una batalla perdida porque cuando un órgano judicial ve que determinada resolución que acaba de dictar está ya en los medios e inicia un proceso para intentar averiguar quién es el responsable, este casi siempre acaba por un sobreseimiento porque todos pasan por llamar al periodista para preguntar cómo lo ha obtenido y la legítima respuesta es la proclamación de su derecho al secreto profesional. Las filtraciones están prohibidas en España. El problema es cómo consigues perseguir judicialmente eso. |
|
¿No estamos lanzando un mal mensaje con las suspensiones de penas de delito fiscal? En principio, yo parto de la base de que el ingreso en prisión de una persona es un mal, de que la privación de libertad de alguien, si se puede evitar, hay que evitarla. Evidentemente, hay una serie de parámetros, de principios de proporcionalidad de delito que has llegado a cometer, intensidad y reprochabilidad del injusto... El delito fiscal es uno de los que reflejan insolidaridad absoluta porque te sustraes a la contribución a las arcas públicas y luego intentas que sea sin consecuencias. Yo creo, en primer lugar, que no es una política generalizada. La decisión de ingreso en prisión de cualquier delincuente es una decisión del juez que ha llevado ese asunto, normalmente del juez de instrucción, o de la audiencia provincial cuando ya ha sido sentenciado, y hay casos en los que se va a prisión y hay otros casos no se va a prisión. En el Tribunal Supremo hemos tenido casos en los que el recurrente está en prisión y solo por delito fiscal. Entonces, yo no generalizaría en la idea de que todo el mundo vaya a la cárcel porque es la única manera de enviar un mensaje disuasorio. Yo creo que la idea de que pague o no pague, el autor se va a la cárcel, no es una repuesta sensata ni para un delito fiscal ni para cualquier otro delito, porque hay fórmulas alternativas. Mire, esta es otra de las grandes derrotas de la sociedad. No hay sistema penitenciario que tenga un efecto verdaderamente disuasorio del delito. Ningún delincuente lee el BOE o el Código Penal antes de cometer un delito. Lo primero que piensa es que nunca lo van a coger. |
|
¿Por qué cuando un problema llega a las altas esferas el resultado es siempre 7 a 4?
Estamos en lo mismo. No puedes prohibir que haya un resultado que cuantitativamente se exprese en esos términos. Esto no es una solución normativa. No hay una solución jurídica. Es un problema de cómo cada cual asume el ejercicio de una función pública. Es así se sencillo. Y, oiga, que a veces el tema es de tanta enjundia jurídica que puede provocar la división en una sala sentenciadora. Pero, sin entrar en ninguna valoración de lo que usted inteligentemente insinúa, lo único que hay que decir es que para eso no hay soluciones jurídicas. Alguna vez, algún caso ha habido, que no ha sido 7 a 4. |
