La comarca de A Coruña supone un páramo agrario salpicado de oasis con modestas explotaciones productivas. Y las cifras que arroja el censo agrario de la Xunta parecen corroborar este parecer del Sindicato Labrego Galego (SLG). En el año 2022 había registradas en los municipios del ámbito herculino 256 granjas, lo que supone el 3% de las 8.901 existentes en toda la provincia. 

Esta circunstancia y que un reducido número de personas se dedica profesionalmente al sector primario provoca que las actuales movilizaciones y protestas contra las iniciativas de la Unión Europea, en general, y la PAC (Política Agraria Común), en particular, no hayan sido seguidas con especial entusiasmo por los ganaderos y agricultores de Abegondo (68) o Carral (45), municipios en los que están domiciliadas la mayor parte de las modestas explotaciones todavía existentes. En el otro platillo de la balanza se encuentra la ciudad de A Coruña: en ella consta que, como en la pequeña aldea gala de Astérix y Obélix, una sola granja resiste, en este caso, a la desaparición y solo teme que el cielo se precipite sobre su existencia.
 

Para la mayor parte de estos 256 granjeros, del decálogo de reivindicaciones suscrito por Unións Agrarias, SLG y Asociación Agraria de Galicia salvo cuestiones como la eliminación del cuaderno digital, el mantenimiento de ayudas para la adquisición de combustibles o las indemnizaciones por los daños causados por la fauna salvaje les incumbe.

“Hoxe non che compensa pedir unha subvención porque despois ven Facenda e xa che mete un estacazo. Iso antes non pasaba. Se che daban 40.000 euros eso non influía na declaración da Renta”, afirma Antonio Piñeiro López, socio en la explotación Hermanos Piñeiro López ubicada en la parroquia carralesa de San Vicente de Vigo.

La escasez de ayudas y la problemática para acceder a las mismas por parte de los ganaderos de la comarca lo corrobora Xosé Ramón Cendán. Este asesor de la plataforma sindical SLG asegura que la PAC fue diseñada, en sus orígenes, para auxiliar a grandes explotaciones, por lo que de las subvenciones se aprovecha muy poca gente en la comarca.
 

“É unha zona discriminada con respecto a zonas con grandes explotacións. A PAC non ten en conta as persoas que traballan nunha granxa, senón a cantidade de terreo explotado. Este sistema debería ter en conta a xente porque aínda que sexa unha explotación pequena en extensión o que a leva tamén coida do medio e ademáis produce alimento de cercanía”, añade Cendán que acusa a la PAC de haber contribuido a convertir la comarca coruñesa en un desierto agrícola en la que lo que lo único que se prima del sector primario es la explotación del monte para destinarlo a plantaciones de eucaliptos y pinos.
 

Ayudas para combustibles 

Respecto a las ayudas para combustibles que las tres centrales sindicales consideran prioritarias y, a través, de que el gasóleo agrícola mantenga un precio reducido, Piñeiro coincide en que debería mantenerse. Sin embargo, Cendán señala que las subvenciones en el área son un soporte endeble porque son escasas económicamente “salvo para unha ou dúas granxas por concello”.
 

Cuestión aparte es la determinación de la PAC en burocratizar, a través del cuaderno digital, una tarea y profesión que, desde antiguo, se ubica en puntos muy distantes de lo administrativo. “A PAC propón a simplificación na xestión administrativa pero esto trae consigo complicarlle a vida ós produtores e explotadores pequenos. Os grandes cobradores de axudas da PAC interésalles ter a un técnico ou economista que lles faga o traballo e que lle vai cadrar todo o papeleo, pero os pequenos vanse meter en gastos que antes non tiñan”, apunta el representante sindical.
 

Unos gastos que para Piñeiro, en la contratación de un bufete especializado, significan al año alrededor de 10.000 euros. A ello hay que sumar los 4.000 que debe de pagar por mejorar el sistema de abonado.
La cuestión de los purines es otro de los frentes de batalla con el que tienen que lidiar los ganaderos coruñeses ya que la PAC también ha programado novedades desde este año.
 

“Agora queren que se inxecte o purín no terreno directamente e non é millor, como andan dicindo. A un productor pequeno non lle compensa comprar un tractor novo para poder carrexar a nova abonadora. A maior parte teñen sobre sesenta anos e non se van meter a gastos, así que van vendendo o que teñen para pagar a Seguridade Social e fóra. Non van pagar sesenta ou setenta mil euros para retirarse dentro de catro ou cinco anos”, apostilla Cendán, al tiempo que, irónicamente, abunda en el hecho de que con este tipo de medidas impuestas desde Europa se ayuda a eliminar explotaciones. Unas explotaciones que, debido a su modestia, respetan más el medio ambiente porque contaminan menos que las grandes.