La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado para este martes, día 30, el juicio contra un abogado acusado de haber recibido pagos de unos clientes a los que se comprometió a defender, pero sin cumplirlo.

El caso procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Arzúa y, tras ser aplazado en dos ocasiones anteriores, se ha señalado para el próximo martes. El Ministerio Público pide para el procesado tres años de prisión.

Según relata el fiscal en su escrito, el acusado, abogado colegiado que ejercía en un despacho en A Coruña, fue contratado en septiembre de 2014 por la víctima para que defendiese a su pareja sentimental y al hijo de este, ambos en prisión provisional.

Tras haber contactado con los dos presos, "les prometió que conseguiría su excarcelación en un plazo aproximado de un mes", preparando la defensa de ambos una vez fueron puestos en libertad, a la vista del juicio que se celebraría y en la que figuraban como acusados.

El acusado llegó a personarse como defensor de ambos y presentó escrito de personación con fecha 17 de octubre de 2014. A partir de ese momento, mantuvo conversaciones con los clientes, a quienes les insistía en que conseguiría librar a los acusados de la cárcel.

"A pesar de ello, actuando con el afán de enriquecerse y sin intención alguna de cumplir las obligaciones profesionales asumidas", requirió a la contratante, en concepto de provisión de fondos, dos pagos de 3.000 euros en septiembre y diciembre de 2014, así como de 600 euros, en noviembre, para el pago de procuradores.

Hizo creer así a los clientes que hacía gestiones judiciales, interponía recursos o solicitaba al juez la puesta en libertad, cuando no presentó ningún escrito ante el órgano jurisdiccional competente, lo que determinó que padre e hijo estuvieran presos hasta el momento de la celebración del juicio, los días 10, 11, 12 y 15 de febrero de 2016.

En virtud de la sentencia del 24 de febrero de 2016 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, los reos resultaron condenados a las penas de nueve años de prisión, como autores de un delito de secuestro, y de dos años y seis meses de prisión, por un delito de tenencia ilícita de armas.
 

Delitos y penas

Por todo esto, la Fiscalía considera al letrado culpable de un delito continuado de estafa, por el que solicita una pena de tres años de prisión y un delito de deslealtad profesional, por el que pide 20 meses de multa, con cuota diaria de 12 euros.

Además de abonar las costas, el acusado deberá indemnizar a los perjudicados con 6.600 euros por las entregas en efectivo realizadas y en 10.000 euros, a cada uno de ellos, por daños morales.