El pleno municipal que se celebró este jueves terminó con altos niveles de tensión. La política a nivel nacional se coló en el hemiciclo coruñés y dio lugar a gritos y reproches. La alcaldesa, Inés Rey, expulsó al portavoz popular, Miguel Lorenzo, tras llamarlo al orden hasta en dos ocasiones, algo que no había ocurrido en sus más de cuatro años de mandato. Sin embargo, como ya había finalizado la sesión plenaria y solo quedaba por escuchar el escaño ciudadano, este permaneció en la sala.
Todo comenzó en el turno de preguntas del PP, cuando Lorenzo intervino para cuestionar sobre las gestiones del Gobierno local para resolver los problemas del Eixo Atlántico. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, le respondió recordando que no es Inés Rey quien tiene que atajar los contratiempos del servicio ferroviario. El líder de los populares puntualizó que esta pregunta se debe a que en su día el pleno aprobó instar al Adif y a Renfe a llevar a cabo mejoras en el servicio. “Los retrasos y la baja calidad son culpa de un gobierno socialista”, dijo Lorenzo.
Fue en este momento cuando descarriló el debate. “Tienen un silencio cómplice. Nos gobiernan desde Waterloo. Nos gobierna un prófugo, un delincuente”, manifestó el popular. Aquí intervino la regidora, al interpretar que Miguel Lorenzo había insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que, dijo, no iba a permitir. “No se puede llamar delincuente al presidente del Gobierno. El debate en esta pregunta se fue totalmente de los marcos mínimos, porque menos de los trenes, se habló de todo”, expresó. El popular replicó diciendo que se refería a Puigdemont y el edil popular Gonzalo Mora habló fuera de turno, por lo que fue llamado al orden.
Cuando ya habían terminado las intervenciones, Inés Rey mostró su frustración por la falta de “respeto” a los ciudadanos que se había vivido en el pleno, algo que no se había dado en los últimos cuatro años. “Nunca en estos cuatro años tuve que llamar al orden a un concejal y nunca tuvimos que vivir momentos como este. No voy a consentir que se transforme este pleno municipal en otra cosa”, anunció.
Se refirió entonces al grupo municipal del PP, instando a reconducir el debate, “porque no nos van a arrastrar por el barranco de la demagogia y de la falta de respeto”. Caldeado el ambiente y los populares murmurando, Lorenzo solicitó intervenir “por alusiones”, algo que la alcaldesa rechazó. Ante las insistencias del popular, Rey lo llamó al orden dos veces, hasta que ordenó que abandonase el pleno. El concejal popular, lejos de recular, gritó varias veces “la autocracia llegó” y decidió quedarse en su bancada para escuchar el escaño ciudadano.
El pleno aprobó el estudio de detalle para construir un edificio de 56 viviendas en una de las dos parcelas de Defensa en la Maestranza. Ahora, la constructora Lipromo podrá iniciar el proyecto para obtener la licencia de obra. Este asunto salió adelante con los votos a favor del PSOE y el PP, mientras que el BNG votó en contra. La edil Avia Veira señaló que estos terrenos “históricamente lle pertencen á cidade da Coruña” y añadió que el solar “tiña que ter sido devolto gratuitamente a esta cidade”. La concejala indicó que el estudio de detalle aprobado “é contrario aos principios dun desenvolvemento urbano sustentábel pola súa proximidade ao mar, o feito de que haxa edificacións máis próximas ao mar non significa para nada que iso sexa correcto ou esteamos de acordo”.
El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, explicó que el edificio albergará a sesenta familias y defendió que este proyecto está respaldado por la normativa urbanística posterior al convenio entre Defensa y el Ayuntamiento de A Coruña de 1984. Minutos antes del inicio del pleno, miembros de la plataforma Defensa do Común y vecinos de la Ciudad Vieja protestaron en María Pita para pedir que no se aprobase este asunto, además de exigir la devolución gratuita de las parcelas del Ministerio de Defensa al patrimonio de A Coruña.
La concejala de Innovación, Movilidad e Infraestructuras, Nereida Canosa, admitió durante la sesión plenaria que las obras de humanización del Paseo Marítimo, en el tramo que discurre entre el dique de abrigo y el cementerio de San Amaro, acumula un mes y medio de retraso.
En una moción presentada por el BNG –y aprobada por unanimidad–, Veira instó al Gobierno municipal a controlar si la empresa adjudicataria cumple con el contrato, con el fin de garantizar los plazos. Canosa aseguró entonces que esta obra es de gran magnitud y que se ha visto afectada por la crisis de suministros y el mal tiempo, lo que impidió avanzar según los plazos estipulados. A 30 de noviembre, dijo, ya se habían ejecutado 2.223.000 euros de los 2,8 millones presupuestados y a final de año se pagará el porcentaje correspondiente financiado por fondos europeos. “No se perderá dinero”, aclaró, mientras añadió que “en el primer trimestre de 2024 estará terminada por completo la obra”.
La corporación también aprobó por unanimidad la moción del BNG en la que emplazó al Gobierno municipal a llevar a pleno en un plazo de tres meses la nueva ordenanza de movilidad. La concejala del área pidió “paciencia”: “Tendremos una ordenanza específica porque hay mucho que regular”, dijo. Veira, por su parte, dijo que “A Coruña precisa unha normativa en materia de mobilidade máis moderna”.
También salió adelante por unanimidad el cambio de uso de la parcela en la que está el antiguo concesionario de Conde Medín, en la avenida del Ferrocarril. Esta pasará a tener una calificación urbanística de equipamiento público con uso dotacional administrativo.
El objetivo es que el inmueble pase a ser un nuevo edificio de titularidad municipal destinado a usos administrativos. El inmueble, de los años 50, tiene un alto valor arquitectónico como pieza de arquitectura industrial.