La Policía hizo acto de presencia ayer en la avenida de Casanova de Eirís en respuesta a una llamada por un suceso poco claro, pero en el que estuvieron implicados los sujetos que ocupan las ruinas que se encuentran en la zona y en la que los vecinos llevan años denunciando incidentes y trapicheo de drogas. El suceso tuvo lugar poco antes de las nueve de la noche, y en él intervinieron tanto efectivos de la Local como de la Nacional. Testigos presenciales aseguran que una mujer presentaba lesiones, y estaba sangrando, quizá a consecuencia de una lesión. Sin embargo, no se detuvo a nadie, y los vecinos están convencidos de que la única forma de acabar con estos incidentes es demoler esas viejas casas.
Precisamente, horas antes se había derribado otra vivienda ruinosa situado al otro lado de la avenida y que también había sido objeto de sospechas de narcotráfico y redadas. La asociación de vecinos O Castrillón-Urbanización Soto IAR mostró ayer su satisfacción por ese hecho. “La zona en cuestión había generado problemas de delincuencia e inseguridad por ser utilizadas por drogodependientes para el consumo y tráfico de estupefacientes”, recordaron en un comunicado. La asociación vecinal había solicitado desde hacía años que se tomara dicha medida y había acordado el procedimiento con la Concejalía de Urbanismo hace meses. Finalmente, se ejecutó ayer, a cargo de los propietarios del suelo, y poniendo fin a las molestias.
Aquella casa baja se encontraba en los terrenos del APE H9.01, el polígono urbanístico Parque de Oza, que pertenece a una junta de compensación que pretende construir allí algún día. Sin embargo, es un proceso farragoso, que lleva años de retraso. Precisamente hoy se lleva a la Junta de Gobierno local una providencia dictada por el Tribunal Supremo ante un recurso de la junta d compensación, por una sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3. Esta, a su vez, respondía a otro recurso contra un acuerdo que aceptaba varios recursos de reposición presentados contra la aprobación definitiva del polígono Parque de Oza.
A grandes rasgos, esta sentencia obliga a retrotraerse al momento de aprobación inicial del proyecto, antes de que el Gobierno local hubiera valorado los terrenos de la junta de compensación. Pero el TSXG también señala que se han omitido determinados gastos de urbanización y el derecho de realojo de los ocupantes legales. Un ejemplo más de los grandes problemas judiciales que suelen lastrar estos desarrollos urbanísticos.