La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha expresado su “grave preocupación” ante la fuga de los policías supuestamente implicados en la muerte del coruñés de 32 años Diego Bello, bajo el pretexto de que era un narcotraficante, pues cree que los plazos van “más allá de la rapidez razonable que requiere la administración efectiva de la justicia”.

La directora ejecutiva de la Comisión, Atty Jacqueline Ann de Guia, ha emitido un dictamen en el que expresa “su grave preocupación por el considerable retraso, a pesar de que los agentes acusados fueron informados de los cargos que se les imputaban y de la emisión de la orden de detención el 25 de marzo de 2022”.

Largo proceso 
La familia del coruñés asesinado en Filipinas lleva meses denunciando la situación, pues el juez filipino encargado del caso decretó el 25 de marzo la detención e ingreso en prisión sin fianza para los tres agentes.
La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó el verano de 2020 que “la policía disparó a matar” a Diego Bello, y la investigación, llevada a cabo entre enero y julio de ese año, puso en duda el argumento del jefe del operativo, Vicente Panuelos, sobre la “legítima defensa”.