El Grupo Popular exigirá explicaciones al Gobierno municipal por el acuerdo de Nostián en la Comisión de Transparencia que se celebrará el jueves, día 6 a las 10 horas, y que ha sido convocada por su presidente y viceportavoz Popular, Roberto Rodríguez.

En la comisión pedirán explicaciones de por qué Inés Rey ha decidido perdonar 7,3 millones de euros a la concesionaria de Nostián a pesar de haber una sentencia firme que la obliga a devolvernos un dinero que ya cobró sin tener derecho, según indican los populares. "La alcaldesa renuncia a cobrar un dinero de todos los coruñeses, que pagamos indebidamente y que se podía destinar a obras en los barrios o servicios para los ciudadanos", lamentan.

El PP se hace eco de unas declaraciones en El Ideal Gallego de la concejala de Medio Ambiente en el anterior mandato, Esther Fontán, que entonces tenía competencias sobre Nostián no como en la actualidad que son de Lage Tuñas por ser un asunto estratégico, en las que afirma que esta decisión “no tiene posibilidad ninguna de ser explicada con racionalidad”, y añade que “en el juzgado ya nos han dado la razón. Nos deben 15 millones de euros y no hay nada que perdonar. Es un dinero de todos los coruñeses”, y califica como una “irresponsabilidad” que se le perdone una cantidad semejante.

El PP pedirá en el próximo pleno, que se celebrará el jueves día 13, que la alcaldesa no firme el acuerdo con esta empresa privada por ser lesivo para los intereses municipales porque no hay ninguna justificación para este acuerdo. "No hablamos de una indemnización, hablamos de devolver un dinero que los coruñeses hemos estado pagando a una empresa con nuestros impuestos y que se podía destinar a obras en los barrios o servicios para los ciudadanos", sentencia.

Pasividad del PP 

Por su parte, el Goberno local investiga las causas por las que durante cuatro años, entre 2011 y 2015 (es decir, durante el Gobierno de Carlos Negreira, del PP) no se declaró la lesividad del acuerdo del año 2011 "cuando había informes que concluían que se debía proteger el interés público declarando la lesividad y tomando medidas cautelares (suspender os pagos a Albalda por los rechazos de la basura)".

No fue hasta febrero de 2018 cuando el Ayuntamiento suspendió los pagos a pesar de que había informes desde 2011 que concluían que se debía declarar la lesividad y adoptar medidas cautelares. Como señala el Gobierno local, el PP no ofreció ninguna explicación.

Por otro lado, insistne en que la cantidad de 8,3 millóns de euros obtenida es muy superior a las  cantidades pagadas polo Concello por la gestión del rechazo desde marzo de 2015, fecha en la que se declara la lesividad, hasta el uno de marzo de 2018 que hay la primera sentencia.