El barrio de Xuxán, el antiguo Parque Ofimático, guarda un recuerdo amargo para muchos cooperativistas que tuvieron que esperar años para poder instalarse en sus viviendas. Algunos nunca llegaron a hacerlo: cuando estalló la crisis del ladrillo, los costes se dispararon y las cuotas también. Para aquellos que habían perdido su trabajo durante la crisis, la cooperativa se convirtió en una trampa. Ahora, catorce años después, la cooperativa Z-33 sufre una situación parecida: sus 70 miembros se enfrentan a unos costes que no pueden asumir. 
 

En el edificio que se va a construir hay viviendas de 153.000 euros cuyo precio se ha disparado hasta los 202.000. El motivo es que el aumento de los costes repercute en los cooperativistas, que legalmente no son más que promotores con otro nombre. Marcos Martínez, su portavoz, se siente estafado. Reconoce que todo es legal, pero señala que si la “gente, que no conoce, se mete en esto” es porque les tranquilizaba el nombre de “protección autonómica”. La palabra clave es “protección”, como señala Martínez: “La vivienda que tenía que protegernos no nos protege”. 
 

La historia de Xuxán es larga, y está trufada de problemas semejantes. Para muestra, un botón: en marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 6 admitía una denuncia de 33 cooperativistas gallegos contra los tres componentes del antiguo consejo rector de su propia cooperativa (la cooperativa gallega Parque Ofimático) por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y coacciones.
 

Por su parte, Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios (Aproinco) señala que las gestoras de las cooperativas están amparadas en una “nebulosa legal” que les permite el incremento de precios que les está prohibida a otras promotoras. Derramas extraordinarias, subida de salarios, de materiales, de energía, de gastos por prestación de servicios, ampliación de capital... La suma final puede dispararse.
 

“Desgraciadamente, es una práctica bastante habitual que ha llegado al Supremo en varios casos que ha dicho que como son ‘autopromotores’ de su propia vivienda, responden ilimitadamente de los costes de su edificio”, explica Yáñez. Un ciudadano corriente, que solo pretende hacerse con una vivienda a un precio económico, puede encontrarse con que sus planes se tuercen porque hay una guerra en Ucrania, o porque los barcos tienen que desviarse en el mar Rojo y rodear Sudáfrica. 

La gestora nunca pierde 

En el caso de las promotoras profesionales, cuando se enfrentan a una subida inesperada de los costes después de haber vendido los pisos, en muchas ocasiones llega a perder dinero.  Pero en el movimiento cooperativista, la gestora nunca pierde dinero. Solo un cambio en la regulación permitiría que estas situaciones se diera. “El problema es la gente joven, y con menos experiencia y menos capacidad económica, que es la más expuesta”, apunta Yáñez. 

En cuanto a ‘viviendas protegidas’, término que puede llevar a engaño, no es más que un eufemismo para lo que antes se denominaba simplemente ‘casas baratas’ o viviendas de renta limitada. Pero esa es su principal característica, su precio económico, muy limitado para las promotoras pero no para las cooperativas, porque son ‘autopromotores’. Ellos deciden, cambian y asumen un riesgo que en un primer momento podían no ser conscientes. 
 

“Es legal –repite Martínez_ Pero cuántas cosas hay legales que perjudican. El alcohol, por ejemplo”. Xuxán se ha convertido en la principal bolsa de vivienda nueva en A Coruña, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta están construyendo allí bloques de 40 pisos en un momento en el que el acceso a la vivienda es cada vez más difícil. Pero para los cooperativistas de Z-33 no hay una salida fácil. A partir de junio, tendrán que hacer frente a cuotas de entre 370 y 500 euros, pero no saben hasta cuándo. “No entendemos el retraso en la construcción que nos está haciendo un perjuicio”, explica Martínez, desesperado. 
 

“En definitiva, las cooperativistas no tienen ni precio fijo ni plazo de entrega”, concluye Yáñez. Pide que la gente sea consciente del riesgo que asumen para una vivienda en compra.