Una resolución del Juzgado de Primera Instancia de Pontevedra puede llenar de argumentos jurídicos la reivindicación del Club del Mar sobre el cierre de la piscina interior municipal. Aunque los actores en la capital del Lérez son distintos al conflicto entre San Amaro y María Pita, los paralelismos son evidentes: El pasado mes de marzo, la empresa concesionaria Sidecu-Supera decidió echar el cierre al complejo deportivo Rías do Sur, con el argumento de los efectos negativos de la pandemia y los precios energéticos para mantener una piscina olímpica, dos piscinas menores y un spa con hidromasaje, sauna y baño de vapor.
 

La Fundación Rías do Sur, unida con Sidecu-Supera por un contrato de explotación firmado en el año 2005, decidió acudir a la justicia para exigir la reapertura del complejo. Más de 400 deportistas federados, pertenecientes a varios clubes de natación, waterpolo o natación sincronizada, se quedaban sin el lugar donde preparar las competiciones. En junio, el Juzgado de Primera Instancia decidió estimar las medidas cautelares e instar a la reapertura de las piscinas, aunque solamente un mes después matizaba su decisión y en un auto recordaba que debían ser los clubes y la Fundación los que corriesen con los gastos. La decisión exime totalmente a Sidecu-Supera de cualquier responsabilidad o gasto de mantenimiento.
 

El caso de A Coruña no ha llegado a los tribunales y la voluntad de entendimiento entre el Club del Mar y el Ayuntamiento quedó patente en las últimas declaraciones de ambas partes. De hecho, el pasado día 2 el comité de empresa del complejo se reunió con Gonzalo Castro, jefe del área de Alcaldía, para intentar alcanzar una solución antes del mes de septiembre. La clave pasa por encontrar una forma jurídica y económica que permita mantener la piscina interior a flote. Sin embargo, las dos posturas son fácilmente identificables en el caso pontevedrés.