La tregua y el cese en las actividades de protesta que habían decretado los vecinos de las Casas de Franco ha llegado a su fin. La esperada reunión con el Ayuntamiento tuvo una lectura mucho menos positiva y de consenso que la realizada por el Gobierno municipal y, según los principales afectados por la humanización, el grueso de sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas. “Retomaremos las movilizaciones vecinales en los próximos días como medida de presión, una vez constatado que el Gobierno municipal no atiende a nuestras reclamaciones”, indican los inquilinos de los portales 257 al 261 de la ronda de Outeiro, que también solicitan la “paralización de la obra hasta que no se llegue a un acuerdo”.

El pleno municipal del pasado 7 de marzo supuso, según reza la versión vecinal, un gesto de buena voluntad que llevó a la cancelación de los actos de protesta y a la reapertura de las convesaciones. “Se acordó por unanimidad de los tres grupos políticos continuar con el proceso de diálogo con los vecinos afectados, con el objetivo de consensuar las mejoras destinadas a garantizar la accesibilidad individual, con la eliminación de barreras y los peligros relacionados con el aislamiento visual”, dicen. “Hoy se reunieron los vecinos y comercios afectados con el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, y el asesor de Alcaldía, José María Castrillo, con la finalidad de ver las modificaciones, y ha quedado clara la nula voluntad de escuchar las reclamaciones”.

Lo que el Ayuntamiento había interpretado como una nueva concesión es en realidad el mayor de los puntos de discrepancia de los residentes. “Se levanta el parterre de 40 centímetros, dejando los portales y negocios sin acceso directo a los vecinos a la ronda de Outeiro”, subraya. “Se eliminan plazas de aparcamiento en todo el frente de la ronda de Outeiro, dejando sin carga y descarga a la farmacia y se deja sin posibilidad de instalar carril bici en la ronda de Outeiro”, prosigue. La falta de “accesibilidad a ambulancias o coches de Bomberos en caso de emergencias” y la instalación de una pérgola que los residentes ven sinónimo de “inseguridad en un barrio que sufrió los problemas del tráfico de drogas” son las otras discrepancias que, de momento, parecen insalvables respecto a la voluntad municipal.