La Diputación destina 1,5 millones de euros a reforzar los programas de servicios sociales de los ayuntamientos del área metropolitana. Lo hace a través del Plan de Obras y Servicios (POS Social) que cuenta con un presupuesto total de siete millones y se destina a financiar los gastos sociales extraordinarios de los municipios, que a lo largo de los últimos días aprobaron en distintas sesiones plenarias, ya que el plazo para realizar solicitudes finalizaba ayer. 

Fuentes provinciales indican que los fondos POS Social serán destinados por cada ayuntamiento a financiar sus necesidades específicas en el ámbito de las políticas sociales: contratación de personal técnico y administrativo adscrito a los servicios sociales municipales, ayudas para personas mayores y familias en riesgo de exclusión social, ampliación del servicio de ayuda en el hogar o servicios como almuerzo en casa, refuerzo de los programas municipales de respiro familiar, conciliación o envejecimiento activo, refuerzo de las ayudas para personas sin hogar o ayudas económicas para hogares en situación de pobreza energética son algunos de los conceptos que pueden ser financiados con estos fondos para gasto social incluidos en el Plan Único.

Mejorar la vida 

“O POS Social supón un importante apoio para impulsar programas e servizos sociais dos concellos que melloran a vida de miles de persoas de colectivos especialmente vulnerables, como persoas maiores, dependentes, persoas con diversidade funcional ou menores”, destacó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Las mismas fuentes añaden que, entre las inversiones aprobadas por los ayuntamientos a lo largo de este ejercicio con cargo al POS Social, hay programas de envejecimiento activo, servicios municipales de atención a urgencias sociales, programas de vivienda para familias vulnerables o servicios de apoyo escolar para alumnado con especiales dificultades o en riesgo de exclusión social.

El POS Social tuvo su origen en el año 2020, cuando el Gobierno provincial decidió modificar las bases del Plan Único para incluir una partida específica destinada a apoyar económicamente a los ayuntamientos ante el incremento del gasto social derivado de la pandemia. Cuatro años después supuso una inversión de 61 millones de euros en los ayuntamientos que sirvieron para reforzar la red de protección social en toda la provincia y para poner en marcha nuevas iniciativas en este ámbito.

Reparto 

El reparto de 1,5 millones de euros entre los municipios del área es el siguiente: Abegondo, 77.000; Aranga, 62.000; Arteixo, 175.000; Bergondo, 57.000; Betanzos, 70.000; Cambre, 122.000; Carral, 57.000; Coirós, 35.000, y Coruña, 29.000 euros.

Por su parte, Culleredo recibe 148.000 euros; Curtis, 66.000; Irixoa, 44.000; Miño, 54.600; Oleiros, 164.000; Oza-Cesuras, 109.00; Paderne, 41.000; Sada, 85.000, y Vilasantar, 40.500.