El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, presentó públicamente este jueves su dimisión por el bloqueo administrativo en el municipio, del que culpa a la secretaria y a la interventora. 

Si ya en septiembre denunció que el “cambio de criterio” de las habilitadas nacionales provocaría un caos en la actividad del Ayuntamiento -“estamos atados de pés e mans”, dijo-, este jueves llamó la atención también sobre los ‘bandazos’ en las instrucciones de las funcionarias a los empleados municipales: “Un ejemplo fue la Xuntanza do Maior. En 2022 pidieron rehacer los pliegos de condiciones y desde Servicios Sociales apuraron al máximo para llegar a tiempo. En 2023 copiaron esos pliegos y ya no valían, dijeron que había que hacerlos de nuevo y la Xuntanza, que suele ser el primer domingo de octubre, se tuvo que celebrar en enero de este año”. De ahí que presente su dimisión: "Sé que no soy el culpable, pero mi marcha sí puede ser la solución".

“He ido peregrinando por todo tipo de instituciones, desde la Fegamp hasta la Valedora do Pobo, y nadie nos ha dado una solución para poder desbloquear el municipio”, abundó el regidor, quien acusó a las dos habilitadas de “ralentizar cada día más” las tareas cotidianas y “poner en duda el trabajo de todos los demás funcionarios”.

Patiño aseguró que “Cambre cuenta con cerca de 23 millones en sus arcas públicas y tiene una deuda de cinco millones. No le entra a nadie en la cabeza que dos personas puedan paralizar los pagos”. El líder de Unión por Cambre agradeció a familia, compañeros, vecinos y “todos los alcaldes del área metropolitana, sin excepción” -con mención especial a José Antonio Santiso y Carlos Calvelo- su apoyo, respeto, trabajo y dedicación durante estos casi nueve años al frente de la corporación.

“Cheguei no 2015 como o fillo de Clotilde e de Luis o da Ferradora. E marcho igual”, dijo entre aplausos y con lágrimas en los ojos

Bloqueo

El último caso de bloqueo fue el de la suministradora de gasoil que suspendió su servicio por facturas pendientes por parte del consistorio, que avanzó que evaluaba una solución y estudiaba usar, por ahora, vales de caja.

Sobre este suministro, precisaron que el importe de facturas pendientes asciende a 28.057,28 euros, "informadas con omisión de fiscalización por parte de la interventora municipal".

Y es que, con la llegada tanto de la nueva interventora como de la secretaria municipal, por cambios en los criterios aplicados con anterioridad, se han ido sucediendo los problemas en pagos y, de hecho, la empresa de aguas solicitó al consistorio que asumiese el servicio tras meses con facturas sin cobrar, un servicio que el gobierno local garantizó a través del inicio de una revisión de oficio.