“A falta de recursos humanos supón unha dificultade para axilizar os procesos, pero aínda así o esforzo do persoal están dando óptimos resultados”, argumenta el alcalde de Oleiros, José Ramón Rioboo, para explicar, como denuncia el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, que el pago de facturas a proveedores se retrase, al igual que el volumen de facturas sin contabilizar del último trimestre del pasado ejercicio de 2024 alcance las 320.

La reacción del regidor se produce como consecuencia de un comunicado en el que el portavoz del BNG, Tono Chouciño, asegura que un informe del departamento de Tesorería sobre morosidad revela que existe una demora media de 197 días en el pago de facturas por servicios, trabajos y suministros. “Esta cifra está moi lonxe dos 30 días que impón a lei ás administracións para efectuar o pagamento”, dice el edil.
Respecto a las facturas sin abonar, el nacionalista asegura que el montante de todas asciende a 900.000 euros y que al no estar introducidas en los programas de contabilidad pública “non constan nos informes oficiais que emiten outros organismos oficiais, como o Ministerio de Facenda”.

También es muy crítico Chouciño con el hecho de que el alcalde no haya convocado una comisión especial para informar de las consecuencias “das demoras e incumprimentos postos en evidencia pola Tesourería no seu informe”.

“Cabe lembrar que aínda está sen presentar perante o Consello de Contas a conta xeral do exercicio de 2023. Esta debía ter sido achegada a ese órgano con data límite de outubro de 2024, polo que acumula un atraso de cinco meses”, dice el concejal, al tiempo que asegura que este tipo de demoras ponen en riesgo posibles subvenciones y colaboraciones económicas de la Xunta.

Lamento del alcalde 

A todos estos reproches del nacionalista el alcalde lamenta que “o BNG utilice cuestións técnicas e administrativas como arma política”.

En primer lugar, defiende Rioboo que el volumen de facturas sin contabilizar al cierre de un ejercicio es un fenómeno habitual en las administraciones locales y que, obviamente, en ningún caso se trata de facturas ocultas ni irregulares “senón de documentación que está a ser tramitada con total transparencia e conforme aos procedementos administrativos vixentes”.

Respecto al plazo medio de pago, Rioboo dice que es plenamente consciente de las dificultades derivadas de los plazos legales “e está a traballar intensamente para reducir os tempos de xestión”. Y en este sentido asegura que ya se ha iniciado un conjunto de medidas de mejora y digitalización de los procesos contables y de contratación con el objetivo de acortar plazos.

Y en relación a la cuenta general del ejercicio económico de 2023 señala que se está ultimando la documentación necesaria para su remisión al Consello de Contas.

“Non existe ocultación ningunha, senón un retraso administrativo que será corrixido en breve. A transparencia segue a ser un principio fundamental deste goberno”, apostilla.