La Organización de Consumidores y Usuarios ha urgido este miércoles al Banco de España para sancionar a las entidades financieras que fuerzan litigios a los clientes sobre cláusulas ya declaradas abusivas "para desincentivar esas reclamaciones a costa de saturar los juzgados".

Esta petición va en línea con la demanda que hace dos días avanzó la asociación de consumidores bancarios Asufin, que denunció este lunes a las mismas entidades financieras ante la Dirección General de Consumo por prolongar de forma sistemática estos procesos judiciales y pidió que se las sancione por ello.

La OCU recalca en un comunicado que todos estos "abusos" terminarían con la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que lleva siete años en espera ante el retraso a la hora de aprobar la Ley 7/2017, que incorpora la directiva europea sobre la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Esta ley, que, denuncian, acumula siete años de retrasos, "hubiera evitado miles de litigios en los tribunales, contempla la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y tiene carácter vinculante de las resoluciones sobre cláusulas abusivas cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros".
"El Supremo ya estableció que la administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con los usuarios y si hay un órgano administrativo competente en estas lides, ese es el Banco de España", afirma la OCU.

En ese sentido, este mismo lunes, Asufín afeó que los bancos sigan comercializando productos poco transparentes y con cláusulas abusivas, además de dilatar con recursos las reclamaciones que llegan a los juzgados, lo que provoca indefensión en los consumidores, ya que los litigios se dilatan durante años y no siempre es posible hacer frente a los gastos.

Por todo ello, Asufín solicitó que se requiera a todos los juzgados especializados de España para reclamaciones de consumidores contra bancos y entidades financieras la información de las entidades que incurren en los comportamientos denunciados, así como las sentencias acreditativas de los mismos emitidas en los últimos años.