Las siete asociaciones de jueces y fiscales no se ponen de acuerdo en la respuesta al Gobierno sobre su oferta de 46,7 millones de euros para aumentar sus salarios ni en cuándo comenzar su huelga. Lo único que es seguro es que esta no empezará hoy, como estaba previsto.

Ya sea por “ampliar el margen de negociación” o “como signo de buena voluntad”, todas las asociaciones convocantes de la huelga indefinida decidieron aplazar el parón o dejarlo en suspenso para afrontar la última semana de las negociaciones, en la que todas las partes deben dejar claras sus “posiciones definitivas”.

Así lo indicaron los progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en un comunicado: “El proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones”, explicaron.

Aunque la última oferta de los Ministerios de Hacienda y de Justicia ya era en teoría definitiva, las asociaciones atendieron la petición del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, de desconvocar la huelga a partir de hoy como condición sine qua non para recibir una “nueva oferta”.

Además de un paquete de 46,7 millones para aumentar las retribuciones de jueces y fiscales, la última propuesta del Gobierno incluye mejoras laborales, de conciliación, y contempla un calendario de trabajo técnico de cara a la próxima mesa de retribuciones.

Aunque todas coinciden en su “diagnóstico” de la situación de la administración de Justicia, las asociaciones están divididas sobre la presión a ejercer sobre el Gobierno y los mínimos para firmar el acuerdo.

Posiciones 

Para favorecer un mayor “margen de negociación” y a petición del Gobierno, cuatro de las cinco asociaciones convocantes de la huelga indefinida decidieron posponerla al lunes día 22. Estas son la Asociación de Fiscales –mayoritaria en este cuerpo–, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

Según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), los 46,7 millones ofrecidos por el Gobierno, que supondrían una subida de unos 450 euros brutos mensuales de media por funcionario, no permiten “recuperar la mitad del poder adquisitivo perdido desde 2003 y el recorte salarial superior al 10%” de 2010.

No obstante, tras el anuncio del aplazamiento de la huelga, la APM, la mayoritaria entre los jueces y la más conservadora, se decantó por dejar en suspenso el paro indefinido “como gesto de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones”.

Desde el principio, las progresistas JJpD y la Unión Progresista de Fiscales fueron las únicas en oponerse a la huelga indefinida, que llegaría en plena campaña electoral y que supondría una “crisis todavía más grave en la administración de Justicia”.

Para evitarla, abogan por aceptar la propuesta que hay sobre la mesa, que consideran “seria” y “responsable”, aunque celebrarían cualquier mejora en ella.