La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que retire su orden de detención en España alegando que el delito de desobediencia que se le imputa por el referéndum del 1-O habría prescrito y que goza de inmunidad.

La defensa de Ponsatí presentó ayer un recurso de reforma en el Tribunal Supremo contra el auto del juez instructor del 12 de enero, en el que suprimió el delito de sedición que le imputaba inicialmente tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal y la procesa únicamente por desobediencia.

En el recurso presentado ante el alto tribunal, la defensa de Ponsatí sostiene que la nueva orden de detención dictada contra la exconsellera es "ilegal", puesto que goza de inmunidad en calidad de europarlamentaria, sin que además el magistrado haya solicitado su levantamiento.

La exconsellera de Educación de la Generalitat esgrime asimismo que no fue procesada por desobediencia en el auto dictado por el juez Llarena de marzo de 2018, y que en todo caso este delito habría prescrito, en la medida en que han pasado más de cinco años desde que el Tribunal Constitucional instara a los miembros del Govern a no impulsar el referéndum ilegal de 2017.

"No existe ningún tipo de base fáctica ni legal que le permita, más de 5 años después, proceder ni continuar el presente procedimiento en contra de mi representada, ni mucho menos el dictado de una orden de detención que, sin duda, es ilegal por las razones que se han expuesto pero, sobre todo, por la inexistencia de hecho alguno que pueda ser seguido en su contra", argumenta la defensa de Ponsatí en su recurso ante el Supremo.

Así, para la defensa de Ponsatí, la orden de detención no tiene "ningún tipo de amparo legal", ya que en su momento fue procesada por sedición y malversación, pero no por desobediencia: "El hecho innegable de no haber sido procesada jamás por desobediencia impide ahora, de golpe y 'sin anestesia', tratar de imputar un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia", se esgrime en el recurso.

Tras la retirada del delito de sedición una vez entró en vigor el pasado 12 de enero la reforma del Código Penal y mantener su procesamiento ahora por desobediencia, Ponsatí ya no se enfrenta a una pena de prisión, aunque sí a una inhabilitación de hasta dos años para ejercicio de cargo público.

No obstante, el juez Llarena mantuvo la orden de detención en España contra Ponsatí, aunque solamente a efectos de que la Policía la traslade hasta el Supremo para tomarle declaración como investigada por desobediencia.

De esta manera, Ponsatí en su recurso solicita al magistrado que ordene "sin dilación alguna" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que dejen sin efecto la orden nacional de detención cursada contra la exconsellera para evitar su “ilegal detención”, dada su inmunidad como eurodiputada.