La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha aportado este jueves en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso las autorizaciones judiciales para espiar a una veintena de políticos independentistas, entre ellos el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

Así lo han indicado a EFE fuentes conocedoras del contenido de la reunión, que han añadido que en su comparecencia la directora del CNI se ha desvinculado del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los grupos independentistas.

Unidas Podemos y los socios de investidura han salido más preocupados y con más dudas de las que entraron en la reunión de la comisión y han pedido que se desclasifiquen los documentos mostrados por Esteban, así como la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, que no salió adelante por el rechazo del PSOE, PP, Vox y Cs.

Las explicaciones sí han colmado las expectativas de estos mismos partidos, que han coincidido en respaldar a la directora del CNI y no han mostrado ninguna duda sobre que las actividades del centro están todas dentro de la ley, como les ha transmitido Esteban.

Durante casi cuatro horas, la responsable de los servicios secretos ha centrado su intervención en demostrar que las escuchas a esa veintena de móviles, entre los que se encontraba el de Aragonès, se hizo con autorización judicial.

Solo a preguntas de los portavoces se ha referido, aunque sin aportar detalles, al espionaje de los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se llevaron a cabo por el mismo sistema espía, Pegasus, según las fuentes consultadas por Efe.

Precisamente este jueves la Audiencia Nacional ha declarado secreta la investigación sobre la infección de los móviles de Sánchez y Robles.

Esteban llegó antes de las 9 de la mañana a la Sala Mariana Pineda del Congreso, en medio de una gran expectación mediática, y portando un maletín cargado de documentos a los que los diputados han podido acceder "en un ejercicio de transparencia", según ha contado el portavoz socialista, Héctor Gómez, aunque por el carácter secreto de la comisión no han podido hacer copias.

Entre los abundantes documentos que ha exhibido la directora del CNI se encontraban esa veintena de autorizaciones judiciales con nombres y apellidos, que no han trascendido, así como el expediente que incluye la motivación para tales escuchas, han señalado a Efe fuentes presentes en la reunión.

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que han rodeado a la comisión, como el depósito de los móviles de los diputados en una caja cerrada y la obligación de no revelar el contenido de la misma al tratarse de información sensible para la seguridad nacional, los grupos han convocado ruedas de prensa para trasladar sus impresiones, en contra de lo que venía siendo habitual hasta ahora.

Los socios del Gobierno de coalición han salido "más preocupados" de como entraron en la reunión, según ha reconocido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha señalado que las explicaciones dadas por Esteban refuerzan la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas.

Echenique ha informado de que su grupo ha solicitado formalmente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno valore desclasificar la información aportada este jueves por Esteban "porque es muy importante que tanto los periodistas como la ciudadanía en general conozcan esa información".

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que la directora del CNI ha asegurado que los políticos independentistas que fueron espiados sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado, una afirmación que, en su opinión, significa que "está señalando a Interior".

Precisamente por estas declaraciones, Vox y Cs sopesan querellarse contra él por presunta revelación de secretos.

Rufián ha insistido en que "se hace más patente que nunca" la creación de una comisión de investigación sobre estos hechos, por lo que volverán a registrar esta petición en el Congreso.

También JxCat ha salido de la reunión con la idea reforzada de que es "imprescindible" una comisión de investigación, ha dicho su portavoz, Mirian Nogueras, que ha pedido también la desclasificación de los documentos para aportar luz a lo que ha calificado de "escándalo político".

Asimismo, el portavoz de la CUP, Albert Botran, ha pedido la desclasificación de la información, ha reclamado nuevamente la puesta en marcha de una comisión de investigación específica así como la dimisión de la ministra de Defensa.

El PP, por el contrario, sí se siente satisfecho y sin "ningún tipo de duda" sobre las actuaciones de los servicios secretos, si bien la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, ha considerado que debe ser el propio jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, quien dé las explicaciones oportunas en sede parlamentaria sobre el espionaje al que fue sometido su móvil y el de Robles.

Para Vox han sido "suficientes" las explicaciones dadas por Esteban, que, según ha dicho su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha transmitido una imagen de coherencia y profesionalidad, alejada de vaivenes políticos, ha demostrado su independencia y ha confiado en que la directora del CNI "no sea la cabeza de turco".

"Me ha quedado claro que el CNI actúa conforme a la ley, todo se hace dentro de la ley y que fuera de la ley no hay nada del CNI", ha recalcado.

Al margen de la comisión de secretos oficiales, la titular de Defensa ha pedido no especular sobre quién puede estar detrás del espionaje detectado en el teléfono de Sánchez y en el suyo propio hasta que la Justicia lo investigue, porque sería "frívolo".

Robles ha recibido este jueves el "apoyo y solidaridad" del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha subrayado que en este caso "la responsabilidad es del Gobierno en su conjunto" después de la polémica suscitada por quién tiene la responsabilidad -el CNI o Moncloa- sobre la seguridad de los móviles del Gobierno.