La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, insiste en su informe anual sobre la democracia en el viejo continente publicado ayer en que España debe modificar el proceso de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que continúa bloqueado.

Unos cambios que la secretaria general ve “necesarios para eliminar los riesgos de injerencia política en el proceso de selección de los miembros” del CGPJ. Pide en concreto que “los jueces sean elegidos por sus pares”, como fijan los estándares europeos.

Cuatro años de bloqueo

La renovación del órgano judicial lleva más de cuatro años en situación de bloqueo y las negociaciones entre el Gobierno y la oposición continúan suspendidas desde octubre de 2022.

Mientras, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó que el magistrado Javier Ballesteros sustituya al magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) mientras éste se encuentre de servicios especiales en el Tribunal Constitucional. Aun así, el tribunal pidió al órgano de gobierno de los jueces que le conceda un magistrado de refuerzo ante el “elevado número de asuntos” que tiene sobre la mesa y las vacantes que acumula.

Según consta en los acuerdos de la Comisión Permanente del 26 de abril, el Consejo resolvió que el magistrado Ballesteros –que actualmente se encuentra en servicios especiales– ocupe la plaza que Campo dejó vacía al asumir su cargo como magistrado de la corte de garantías 
el pasado enero, cuando tuvo lugar la renovación parcial del Constitucional.

Así las cosas, el órgano de gobierno de los jueces recalcó que, en virtud de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ballesteros “necesariamente deberá reincorporarse al servicio activo para proceder al desempeño efectivo de funciones judiciales en la plaza de la que ha sido adjudicatario”.

Está previsto que Ballesteros ocupe la plaza que Campo obtuvo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en diciembre de 2019 y que dejó vacante en enero de 2020, cuando asumió el cargo de ministro de Justicia. Fue en julio de 2021, tras ser cesado, cuando solicitó su reingreso al tribunal. Y allí estuvo, hasta el pasado enero, cuando tomó posesión como magistrado del Constitucional a propuesta del Gobierno.

Además, la Audiencia Nacional pidió al Consejo que le conceda otro refuerzo. En concreto, un día después de que el CGPJ adoptara su decisión, el 27 de abril, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso que designase otro magistrado.

Para ello, avaló al magistrado Ricardo Rodríguez Fernández, destinado en la Audiencia Provincial de Madrid; y al magistrado Alejandro Abascal, que actualmente actúa como juez responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional.