El Gobierno alejó ayer la reforma del delito de sedición porque, aunque es un compromiso de legislatura y se está estudiando la fórmula para introducir cambios en su tipificación, no cuenta con la mayoría parlamentaria para aprobarla, mientras que desde el PP se acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “troceando” la “integridad” y la unidad de España.

Fue Sánchez quien el pasado viernes negó en Bruselas que dicha modificación tuviera algo que ver con el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y quien dejó claro ya entonces que su compromiso para reformar este delito y hacerlo homologable a las principales democracias europeas seguía en vigor y que se hará cuando cuenten con la mayoría parlamentaria para hacerlo.

El diario El País publicó ayer que el Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena por sedición y que ERC, que durante mucho tiempo pidió directamente la amnistía, insiste ahora en que quiere acometer la reforma.

Ni el Gobierno ni el PSOE aclararon si la modificación iría en ese sentido. Fuentes de la Moncloa remitieron a la posición conocida y a las palabras de Sánchez en Bruselas y el PSOE, a través de su portavoz, Pilar Alegría, insistió en que no se cuenta con los apoyos necesarios para llevar a cabo el cambio en la sedición.

Mesa de diálogo

ERC aseguró que no entrarán en “subastas” sobre la reforma, pero dejó claro que serán “exigentes” con el Gobierno para que se equipare a estándares de países como Alemania, Suiza o Francia.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, evitó concretar cuál es la propuesta de Esquerra para la reforma y, aunque admitió “conversaciones” con Moncloa, insistió en desligarlo de las negociaciones sobre Presupuestos.

Los republicanos, según fuentes consultadas, consideran que esa reforma del Código Penal y del delito de sedición se enmarca en la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos, si bien un posible acuerdo al respecto sería clave para generar la confianza necesaria para avanzar también en un posible apoyo a los PGE.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que “se está estudiando” la fórmula para introducir cambios en la tipificación del delito, aunque remarcó que están condicionados por el análisis del entorno jurídico del resto de países europeos y por el necesario “consenso interno” en España.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se encargó de volver a desvincular este tema del apoyo de ERC a los Presupuestos y aseguró que en el Ejecutivo están abiertos al cambio, aunque dudó contar con una mayoría suficiente para poder sacarlo adelante en el Parlamento. 

Frente a todo ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a Sánchez de estar “troceando” la “integridad” y la unidad de España.

A su juicio, el presidente está “hipotecando España para su perpetuidad” dándole “a los enemigos confesos de España los intereses del país” a cambio de “seguir en los escaños” y negociar sin transparencia en “beneficio propio”.

En la misma línea se pronunció el domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien la reforma del delito de sedición, de llevarse a cabo, supondrá “el mayor atentado a la igualdad y libertad en España”.