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viernes | 20 diciembre | 2024
La Iglesia española ha recibido 506 denuncias sobre abusos sexuales en los dos primeros años desde que se pusieron en marcha las oficinas para la prevención de abusos a menores.
Así lo ha indicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los obispos españoles.
En concreto, Argüello ha precisado que de los 506 casos, en 103 de ellos el acusado ya ha fallecido, aunque ha asegurado que los casos se investigan aunque el presunto agresor haya fallecido o aunque el caso haya prescrito.
Precisamente, el portavoz de los obispos ha desgranado que la mayoría de las denuncias, un total de 300, obedecen a asuntos ocurridos hace más de 30 años.
Todas estas denuncias se han recibido a través de las 202 oficinas abiertas, 60 en las diócesis y el resto en las congregaciones religiosas. Se refieren a sacerdotes, religiosos y laicos. En torno a la mitad de los 506 casos son los publicados en el diario 'El País', según ha confirmado el prelado.
"La Iglesia se sigue comprometiendo a desarrollar procesos de formación que impidan que esta situación se dé, así como para apartar a aquellas personas que demuestren que son indignas, queremos que resplandezca la verdad para que no haya lobos que se disfracen de corderos y que no se pueda decir, porque es injusto, que la Iglesia es un lugar inseguro para los niños", ha subrayado Argüello.
Además, ha recordado que hace un año ofrecieron el dato de 220 casos de denuncias de abusos enviados desde la Iglesia española a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano --de casos recibidos del 2001 al 2021--, a los que se han sumado en el último año otros 14 casos nuevos, la mayoría referidos al siglo XX, por lo que serían un total de 234.
Argüello ha subrayado que la Iglesia tiene la posibilidad de levantar la prescripción en casos de singular gravedad como estos.
Respecto a la comisión aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados para investigar los abusos en la Iglesia, el secretario general de la CEE ha dicho que la Iglesia ofrece su "leal colaboración" pero, a priori, no participará en ella.
"Estamos dispuestos a la colaboración en la medida en que se nos diga, pero formar parte de la comisión, a priori, nuestra inclinación sería negativa", ha puntualizado Argüello.
En todo caso, ha reconocido que a los obispos les gusta más la propuesta del PSOE y el PNV de una comisión liderada por el Defensor del Pueblo de la mano de un equipo de expertos, que la planteada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, que proponía una comisión parlamentaria.
"Es más respetuosa con las víctimas (la propuesta de PSOE y PNV)", ha asegurado el portavoz de los obispos, añadiendo que una comisión parlamentaria "hubiera dado pie a una utilización partidista de un asunto de singular gravedad".
Los obispos españoles están a la espera de conocer cómo se concreta la iniciativa porque auguran que el planteamiento "desbordará lo que la ley del Defensor prevé" ya que "la Iglesia no es un poder público".
Además, sobre si permitirán "la entrada en los archivos" eclesiásticos para investigar los abusos, ha afirmado que "la Iglesia colaborará con las autoridades facilitando la información disponible que se solicite sobre los casos estudiados, con respeto a la privacidad de las víctimas, a la protección de datos, pero con espíritu de colaboración".
"Todas las iniciativas que permitan desenmascarar y acabar con la lacra de los abusos en la sociedad cuentan siempre con el apoyo de la Iglesia", ha insistido.
Si bien, ha abundado en que lamentan que la investigación solo se centre en los abusos acaecidos en el seno de la Iglesia y no en toda la sociedad.
Por otro lado, preguntado por la reunión de este jueves entre el presidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Argüello ha informado de que manifestaron al ministro su descontento con la forma de tratar, por parte del Gobierno, la información de las inmatriculaciones.
"Hemos pedido el respeto a los acuerdos hechos porque tuvimos la impresión, tras la entrevista, de que el tratamiento que se hizo de la información de las inmatriculaciones cuando nosotros ofrecimos un libro con todos los detalles, francamente, nos resultó molesto, y esta molestia hemos querido hacerla llegar para avanzar en el futuro en un camino de leal colaboración, pero la lealtad tiene que ser por ambas partes", ha detallado.
En concreto, se refiere a la reunión que los obispos mantuvieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con Félix Bolaños, el pasado mes de enero, en la que le presentaron un informe de los bienes inmatriculados por la Iglesia.
A raíz de este encuentro, el Gobierno y la Iglesia católica explicaron dos versiones opuestas sobre el acuerdo. Según el Ejecutivo, han acordado que 1.000 bienes fueron inmatriculados indebidamente por la Iglesia, mientras que los obispos aseguran que se trata de 1.000 errores, es decir, un millar de bienes que fueron adjudicados erróneamente por el Gobierno a la Iglesia pero que no son suyos y, por tanto, no pueden devolverlos.
Según precisó el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, a Europa Press, todas las propiedades que aparecen en el listado de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia están "correctamente inscritas" y añadió que en el informe entregado por la Conferencia Episcopal al Gobierno "en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes", lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad.
De hecho, afirmó que han realizado un muestreo sobre los bienes que a la Iglesia no le constan o sobre los que le faltan datos y han concluido que los titulares de los mismos son los obispados.
Además del asunto de los abusos, la Comisión Permanente de la CEE ha aprobado la publicación de una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia firmada por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Su presidente, Enrique Benavent Vidal, ha presentado este escrito y ha solicitado la autorización para su publicación.
En concreto, el portavoz de los obispos se ha referido a la Ley de la eutanasia o a la futura reforma de la ley del aborto, y ha lamentado que "comportamientos que antes eran tolerados mediante la despenalización se transforman ahora en derechos".
Por su parte, el Defensor del Pueblo ha asumido este viernes el encargo del Congreso de investigar los casos de abusos a menores en la Iglesia y lo hará con "transparencia y discreción", mientras que se compromete informar periódicamente a las Cortes de los avances de su trabajo.
En un comunicado, el Defensor del Pueblo ha explicado que asume el encargo de constituir una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
La Comisión elaborará un informe con recomendaciones y conclusiones que se presentará a las Cortes Generales y al Gobierno para que se adopten las medidas que consideren necesarias en todos los ámbitos.
"Es voluntad de esta institución trabajar con la debida transparencia y con la discreción que requiere, a su vez, el respeto a las víctimas", afirma el Defensor, que detalla que informará periódicamente a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales sobre el estado de los trabajos.
Esta institución -señala- cumple con su obligación constitucional de defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, y muy concretamente con los derechos de la infancia y de la adolescencia.
"Al conocer, prevenir y garantizar la protección de sus miembros más vulnerables ante este tipo de conductas, se defiende a toda la sociedad y se contribuye a que sea más justa", sostiene.
