El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha asegurado este lunes que la propuesta de 44,5 millones de euros planteada por el Gobierno para evitar la huelga indefinida de jueces y fiscales es insuficiente y "no es asumible".

Así lo ha declarado a los medios a su llegada al Ministerio de Justicia, donde las siete asociaciones judiciales y fiscales se encuentran negociando su aumento salarial en la mesa de retribuciones con representantes de Justicia y de Hacienda y Función Pública para evitar la huelga indefinida convocada a partir del martes de la semana que viene.
La oferta, ha dicho Carbonero en nombre de la APM, "no es asumible (...) cuantitativamente ni cualitativamente por el trato que se realiza de unos órganos respecto de otros y de unos jueces respecto de otros", y ha recordado que hay una convocatoria de huelga a poco más de una semana.

No obstante, el portavoz de la asociación mayoritaria entre los jueces ha descartado "llevar propuestas inamovibles o cerradas" para "evitar quiebras y facturas" en la negociación.

La de este lunes es la segunda reunión de la mesa de retribuciones tras la del miércoles pasado, de la que jueces y fiscales salieron "optimistas" tras haber iniciado el diálogo y haber recibido una propuesta del Gobierno de 44,5 millones de euros destinados a su subida salarial que, sin embargo, consideran insuficiente.

En paralelo, los magistrados decanos han mostrado en un comunicado su apoyo "decidido y firme" a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales.

"Se hace imprescindible la adecuación de las retribuciones de la carrera judicial de acuerdo a la responsabilidad de nuestra función y la sobrecarga de trabajo que durante años llevamos soportando.

Esperamos (...) que se alcance un acuerdo que satisfaga las justas pretensiones" históricas de la carrera judicial, han suscrito.

De llegar al día 16 sin acuerdo, la de jueces y fiscales sería la tercera huelga en lo que va de año en la administración de Justicia, tras la de los letrados y la actual de los funcionarios de los juzgados y tribunales.

Precisamente los letrados de la administración de Justicia, que consiguieron tras dos meses de huelga un aumento salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes, han amenazado con volver a movilizarse si se les deja fuera de alguna "mejora que aproveche a todos los demás cuerpos generales o especiales" de Justicia.

En una carta dirigida a la ministra Pilar Llop, denuncian la diferencia en el trato con los colectivos en conflicto y advierten de que reclamarán para ellos cualquier incremento salarial alcanzado con otros colectivos y que sea común a todos los cuerpos de la administración de Justicia.

Por su parte, los funcionarios han acusado al departamento que dirige Llop de "absoluto clasismo" en sus políticas de personal y retributivas: "Solo a una pequeña parte (de la administración de Justicia), precisamente la más privilegiada", se le reconocen sus funciones y se les retribuye por ellas, reprochó el representante de CCOO, Luis Calero, en una protesta frente al ministerio el pasado jueves.