La juez del "caso Mediador" ha acordado solicitar "a la presidenta del Congreso", Meritxell Batet, que autorice la entrega a la Policía de "los efectos depositados en el interior del despacho" que utilizaba Juan Bernardo Fuentes Curbelo hasta su dimisión como diputado del PSOE, entre ellos su ordenador y cualquier otro dispositivo o sistema informático.

En un auto hecho público este lunes, la instructora añade que, "en el supuesto de que la Presidencia del Congreso colaborara entregando esos dispositivos", el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía se ocupe de abrir y analizar su contenido, al tiempo que precisa que se refiere tanto a equipos informáticos como a sistemas de almacenamiento, ya sean físicos o de acceso remoto (en la "nube").

La magistrada da respuesta así a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción de registrar "sin restricciones" el despacho de Fuentes Curbelo y a las objeciones expresadas al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que apoyaba examinar los equipos informáticos del exdiputado, pero sugería hacerlo pidiendo permiso al propio Congreso, ya que la Constitución consagra el carácter inviolable de las Cortes Generales. 

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife coordina las investigaciones de un caso en el que por ahora ha sido detenidas doce personas por cargos de presunta corrupción, que van desde cohecho y tráfico de influencias, hasta falsedad y pertenencia a grupo criminal organizado.

En este nuevo auto, la juez María de los Ángeles Zabala Sanz se refiere a Fuentes Curbelo como el "líder de la rama política de la organización criminal" a la que investiga y detalla que la Comisaría de Policía del Congreso le ha informado de que, en su antiguo despacho, "se encuentra diversa documentación y efectos personales" del exdiputado socialista, "así como un ordenador de sobremesa".

La magistrada coincide con la Fiscalía en que no está a su alcance ordenar, sin más, el registro del antiguo despacho en el Congreso de Fuentes Curbelo, pero precisa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí le permite solicitar permiso a la presidenta de la Cámara para hacerlo y recuerda que el investigado ya no tiene aforamiento (lo perdió el mismo día que renunció al cargo, el 14 de febrero).

Para reforzar su solicitud, deja constancia de que, por lo instruido hasta la fecha, "los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo (Fuentes Curbelo) en el seno de una organización criminal".

La instructora no se decanta por solicitar permiso para que la Policía registre el despacho, sino por pedir que el Congreso entregue a los agentes aquello que ella considera relevante: su contenido, en particular los sistemas informáticos.

Y detalla a Batet que quiere que la Policía tenga acceso a "los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales".

También, si están en el despacho o en esos equipos informáticos, a "documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados".

En la causa, hay fotos que atestiguan que Juan Bernardo Fuentes Curbelo recibió en el Congreso a varios de los empresarios investigados en la trama como supuestos "corruptores" del exdiputado socialista, su sobrino Taishet Fuentes (exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias) y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los detenidos que está en prisión.

Y la juez añade ahora que tiene "claros indicios" de la relación que existe entre los ordenadores que quiere investigar y el objeto de la causa, que "no es prospectiva", remarca, sino que apunta de forma concreta a posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.

"Por todo ello, se estima necesaria y proporcional la medida de intervención de los terminales solicitada en relación a los tres terminales entregados, a fin de poder esclarecer los graves delitos que son objeto de investigación en este procedimiento y el grado de participación y la existencia de nuevos investigados, no existiendo otra medida menos gravosa dada las circunstancias anteriormente mencionadas", razona.

Por último, dispone que, si la presidenta del Congreso entrega los efectos que se le han pedido, la Policía queda autorizada para "modificar las claves de acceso" si en esos dispositivos informáticos o de almacenamiento "apareciesen hechos relacionados con los delitos investigados".