La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido este lunes a los letrados en huelga desde el pasado 24 de enero que sean “realistas” en sus peticiones y hagan “nuevas propuestas” diferentes a la llamada cláusula de enganche, que supondría un aumento salarial mensual de “más de mil euros” por funcionario.

“Sus reclamaciones no son viables”, ha zanjado Llop en alusión a la principal reivindicación de los letrados de la administración de Justicia: una cláusula de enganche que permitiría referenciar el sueldo de los antiguos secretarios judiciales al de jueces y fiscales para que los primeros nunca cobren menos del 85 % respecto a los otros dos operadores jurídicos.

Tras una breve intervención en las V Jornadas de Justicia e Igualdad del Ministerio, Llop ha explicado a los medios que esta petición supondría “un incremento de más de mil euros mensuales” por letrado, una “posición que no puede asumir” su departamento.

Por el contrario, la última oferta del Ministerio, “una equiparación de categorías judiciales” de las más bajas a las intermedias, conllevaría la subida media de “5.000 euros al año por letrado” en 1.900 funcionarios. Propuesta que ha parecido insuficiente al comité de huelga.

Casi una semana después de la cuarta y última reunión entre ambas partes, “el diálogo sigue abierto”, ha sostenido Llop.

“Pero necesitamos que nos manden nuevas propuestas. Si no modificamos las posiciones no puede haber ese diálogo”, ha animado a los huelguistas, a quienes ha vuelto a pedir que se bajen de “maximalismos” y no se centren solo en su salario, sino también en mejoras en la administración de Justicia.

Estas reclamaciones, ha añadido, vienen “desde antes incluso del año 2009”, cuando los trabajadores asumieron nuevas funciones por las que reclaman una adecuación salarial.

En este sentido, tras “años en los que no se ha hecho nada por los letrados”, Llop ha destacado las mejoras retributivas y laborales de este cuerpo desde su llegada al Ministerio: una subida mensual de 200 euros por nómina, el perfeccionamiento de los concursos de traslado y las comisiones de servicio, y el aumento de 30 a 100 euros por las diligencias de entrada y de registro.

Ante el “daño muy grave” que está provocando el paro indefinido en la Justicia y en los ciudadanos, la ministra mantendrá una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, para conocer la opinión de quienes trabajan en el sector y decidir, entre otras cuestiones, si aceptar la petición de los funcionarios de que medie en el diálogo una tercera persona como piden los letrados.

Desde que empezaran su paro indefinido el pasado 24 de enero, los letrados de la administración de Justicia estiman que ya se han suspendido alrededor de 250.000 juicios y vistas, hay más de 350.000 demandas pendientes de reparto y casi 1.000 millones de euros se encuentran bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados.

El pasado viernes -la última jornada con datos- secundaron el paro el 22,22 % de los letrados, según el Ministerio de Justicia, porcentaje que los convocantes sitúan en el 75 %.