8º-12º
jueves | 19 diciembre | 2024
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que la ley de amnistía beneficiaba a todos los vinculados con el procés incluido el expresident Carles Puigdemont, pero acepta cambios en el texto, que asegura que seguirá siendo plenamente constitucional, para dar aún más garantías ante las dudas de Junts.
Sánchez, en conversación informal con los periodistas que cubren su visita a Brasil, ha afirmado que se está cerca de lograr un acuerdo con Junts sobre la ley y que espera que su anuncio pueda ser inminente, ya que la comisión de Justicia del Congreso debe debatirla este jueves.
El presidente del Gobierno ha recordado que siempre ha dicho que el texto de la ley que se ha debatido en el Congreso y que fue rechazado en el pleno de la cámara por Junts era acorde con la Constitución y conforme al derecho europeo y que así lo sería también cuando concluyera su recorrido parlamentario.
A la espera de que se haga público el acuerdo con Junts, Sánchez ha asegurado que lo que se va a lograr es afianzar aún más esos parámetros, dar más seguridad y más garantías.
Pero no sólo para la constitucionalidad de la ley, sino también garantías para despejar las dudas que tenían Puigdemont y su formación política ante la posibilidad de que no pudieran acogerse a la amnistía todas las personas relacionadas con el procés.
Eso incluye al expresidente de la Generalitat incluso después de que el Tribunal Supremo haya decidido investigarle por un presunto delito de terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic.
Sánchez ha asegurado que nunca ha compartido las dudas de Junts porque siempre ha tenido el convencimiento de que tal y como estaba el texto iba a cubrir todos los supuestos vinculados con lo ocurrido en Cataluña años atrás, pero ha señalado que si hay que reforzar aún más esas garantías para disiparlas, se hará.
No avanza los cambios concretos que habrá en la ley, y al plantearle si eso supondrá alguna modificación en la parte relativa a delitos de terrorismo, se limita a emplazar al momento en que se haga pública para conocer los detalles de la norma que será votada en comisión el jueves para pasar después al pleno del Congreso.
Sánchez no vincula explícitamente la aprobación de la ley de amnistía con la posibilidad de sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos de este año, pero ha subrayado que la voluntad del Gobierno y de los grupos que apoyaron su investidura es dar estabilidad a la legislatura con una hoja de ruta que incluye, entre otros asuntos, la aprobación de las cuentas del Estado.
Sánchez trabaja con la idea de aprobar los de este año, no con gobernar durante el presente ejercicio con los de 2023 prorrogados ni esperar por tanto a que los grupos parlamentarios respalden los de 2025.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado este miércoles la "aberración política, jurídica y moral" que supone, a su juicio, plegarse a las exigencias de los independentistas para aprobar una ley de amnistía que los populares consideran "inasumible".
Tellado se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado cambiar la ley de amnistía para dar aún más garantías a Junts.
El dirigente del PP ha señalado que el PSOE "se ha plegado una vez más a las exigencias del independentismo" y, a falta de conocer la redacción de las enmiendas que ha transaccionado el PSOE y Junts, tiene claro que es una ley "inasumible" y que es consecuencia de un "chantaje político".
"Estamos viendo como el chantajeado acepta constantemente los cambios, las presiones, de quien pretende que se legisle a la carta para beneficiar a personas, con nombres y apellidos, que han delinquido y que están pendientes de someterse a la justicia", ha resumido.
Por ello, ha insistido en que las cesiones de Sánchez son "una aberración política, una aberración jurídica y una aberración moral que vulnera un principio esencial en una democracia, como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley".
"Aquí parece que todos los españoles son iguales ante la ley, salvo que seas independentista y le hayas dado tu apoyo a Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno o que seas un chorizo del PSOE", ha apuntado, en referencia al denominado "caso Koldo".
Sobre la comparecencia de Francina Armengol, ha opinado que fue "tremendamente lamentable" porque fue "incapaz" de aclarar las dudas en torno a la actuación del Gobierno de Baleares cuando era presidenta de esa comunidad.
"Hoy hay más motivos que ayer para que presente su renuncia" como presidenta del Congreso de los Diputados, ha indicado, para a continuación incidir en que "no puede seguir ni un día más al frente de esta institución"
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado por hecha este miércoles la aprobación de la ley de amnistía y ha garantizado la constitucionalidad de las modificaciones que se van a incorporar porque están "dentro de la directiva que regula esta materia y de la legalidad de nuestro país".
Díaz ha insistido en una entrevista en RNE en trasladar un mensaje de "tranquilidad", porque la norma que será sometida a votación este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso es "constitucional".
"Es una ley de afectación general que tiene que respetar por supuesto los delitos de terrorismo, la afectación de la igualdad en definitiva", ha asegurado y ha recalcado que "esta norma no es ni para Marta Rovira ni para Carlos Puigdemont".
Ha subrayado que "no hay normas para personas concretas" y ha destacado que será una ley "para la ciudadanía catalana" y que ha definido como "una especie de reconciliación en un proceso político al que nunca debimos haber llegado".
La vicepresidenta segunda no ha querido responder a si con la ley de amnistía negociada por el PSOE y Junts el expresidente catalán Carles Puigdemont sorteará la causa judicial abierta contra él por el procés al considerar que no le competen a ella "este tipo de juicios".
No obstante, ha defendido que lo que pasó en Cataluña durante el proceso independentista de 2017 "no es terrorismo", así como que "cuando hay acuerdo no hay unilateralidad".
"Si yo me siento con el señor Garamendi, con el señor Sordo y con el señor Álvarez y llego a un acuerdo como llego a muchos de ellos, lógicamente no hay unilateralidad ni hay interpretaciones de parte", ha ejemplificado la también ministra de Trabajo, que ha añadido que "mientras no hay acuerdos las partes defienden lo que estiman, pero en el momento que se suscriba la realidad es la que es".
