El efecto dominó en la administración de Justicia, que empezó a finales de enero con las movilizaciones de los letrados judiciales y no dejó de derribar nuevas fichas desde entonces: jueces y fiscales, funcionarios, abogados y procuradores, en especial los del turno de oficio, y –los últimos en sumarse– personal laboral.

Con el acuerdo de 46,7 millones de euros alcanzado el jueves con seis de las siete organizaciones judiciales y fiscales a falta tan solo de la rúbrica final, los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública solucionaron la amenaza más mediática.

Pese a que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no estampará finalmente su firma en el pacto por considerarlo “insuficiente, indigno e inaceptable”, los 5.400 jueces y 2.700 fiscales que hay aproximadamente en España verán aumentados sus sueldos de entre 52.000 a 131.000 euros anuales en unos 450 euros brutos más al mes.

Además, el Gobierno se compromete a incrementar el número de plazas para la judicatura y la fiscalía en 200 más entre este año y el que viene.

Resuelto este frente, 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, el 93% de la plantilla de juzgados y tribunales, están convocados a una huelga indefinida a partir de hoy por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO 
y UGT.

Medio millón de suspensiones

Los funcionarios llevan en realidad más de un mes de paros, primero parciales de tres horas y luego generales en días concretos, que supusieron medio millón de juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas.

Hoy comenzarán también una serie de movilizaciones el personal laboral de la administración de Justicia, que exige “condiciones de trabajo dignas”. En concreto, los trabajadores reprochan la externalización de servicios y abogan por la conversión de algunos puestos en plazas de funcionarios.

Psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento conforman este colectivo, el último que quedaba por movilizarse en la administración de Justicia para reivindicar mejoras salariales y laborales.

De momento CCOO ha convocado huelga general los días 24 y 30 de mayo, 1, 6, 7 y 8 de junio, que se acompañarán de concentraciones en las sedes judiciales de todo el país.

El turno de oficio

Con el colapso en la administración de Justicia como consecuencia de los dos meses que se dilató la huelga de los letrados y el mes que dura ya la de funcionarios, los abogados y los procuradores, que en muchos casos cobran por hito realizado, claman que están perdiendo dinero ante la suspensión de sus actuaciones procesales.

Además, aquellos que pertenecen al turno de oficio han protagonizado protestas frente al Congreso y a la sede de la comunidad de Madrid para reclamar mejoras salariales y laborales y para denunciar el “maltrato endémico” que sufren, con unos honorarios que consideran desactualizados.

“Era ‘de cajón’ que el acuerdo con el comité de huelga de letrados cerraba en falso un conflicto en la administración de Justicia”, resumen los sindicatos de funcionarios de juzgados y tribunales, que argumentan que no había “ninguna duda” de que, una vez resuelto aquel primer frente, el resto del personal de la oficina judicial iba a movilizarse también por sus reivindicaciones.

O lo que es lo mismo: a huelga muerta, huelga puesta.