La violencia contra los policías les cuesta a los diferentes gobiernos y ayuntamientos más de 400 millones de euros anuales entre los gastos derivados de los daños sufridos, el desembolso por las investigaciones y los costes judiciales.

Así se desprende de un estudio elaborado por la Universidad de Nebrija y que ha sido presentado este miércoles en Málaga por el coordinador de su Cátedra Global en Gestión de Riesgos y Conflictos, Luis A. García, en el marco del congreso de EuroCop, una organización que congrega a sindicatos policiales de toda Europa y representa a cerca de medio millón de agentes.

A partir de los datos de diferentes organismos públicos, el informe calcula que los gobiernos y ayuntamientos españoles desembolsan 417,15 millones de euros como consecuencia de la violencia que sufren agentes de la Policía y de la Guardia Civil.

En concreto, 28,06 millones de euros van destinados a paliar el daño físico, 41,13 millones para sufragar los costes de los procesos judiciales y 347,94 millones para costear las investigaciones policiales.

Según datos del Ministerio del Interior publicados el pasado año, en 2021 se produjeron un total de 11.932 agresiones a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que supone un incremento respecto a 2020, cuando se registraron 11.205 casos, aunque no especifica si la agresión es verbal o física ni cuántos policías hay involucrados en cada una.

Por estos delitos, tipificados como atentados contra la autoridad, hubo 14.664 condenados en 2021 y el informe calcula que 10.264 (70 %) casos fueron por agresiones contra las fuerzas de seguridad.

De estos, 1.240 agentes (12 %) habrían sufrido lesiones que les causaron una baja laboral. La atención médica de estos casos asciende a 3,79 millones de euros al año, mientras el coste de las bajas suma 4,74 millones de euros.

Para aquellos con daños permanentes -cerca de 186 al año-, tomando como referencia las pólizas de vida de la Ertzaintza, el gasto asciende a 19,53 millones de euros.

En el plano judicial, la Universidad de Nebrija calcula que la administración pública se ve obligada a gastar 26,25 millones de euros en concepto de administración de justicia y otros 14,88 millones para subsanar las costas procesales de los juicios.

En cuanto a los gastos derivados de las investigaciones policiales, suponiendo que en los 10.264 casos de agresión contra agentes policiales hubiese una persona investigada o detenida, suman 347,94 millones de euros, el principal coste de entre todos los ponderados por el informe.

Pese a todo ello, el documento señala la dificultad de incluir los costes derivados de la pérdida de vidas humanas y lesiones civiles, los daños a la propiedad, la falta de número de efectivos policiales y su derivado aumento de carga de trabajo o los gastos de las cárceles.

En el acto de presentación, el sindicato ErNe de la Ertzaintza, representado por su ex secretario general Roberto Seijo, ha abogado por una política que exija la personación como acusación particular de los servicios jurídicos del Gobierno vasco o de los ayuntamientos en los casos de agresión contra un miembro de la policía autonómica.

Esta iniciativa busca garantizar una respuesta jurídica "más sólida y alineada con los intereses de la justicia", dado que consideran que en ocasiones los fiscales "no adoptan las medidas necesarias" y sus intereses "no siempre coinciden con el daño infligido al policía y la angustia interna causada por la impunidad percibida".