La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes) a abonar a Dragados (grupo ACS) 7,7 millones de euros por los sobrecostes ocasionados debido a los retrasos en la construcción del tramo entre Lavacolla y Arzúa Oeste, en la autovía Santiago-Lugo.

En un fallo con fecha de febrero de 2023, que adelanta este viernes Economía Digital y que recoge Europa Press, la sección octava de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estima parcialmente las pretensiones de Dragados, ya que la demandante reclamaba una cantidad que ascendía a 8,7 millones por daños y perjuicios.

A lo largo de las ocho páginas de la sentencia, la Sala da cuenta de los diferentes retrasos acumulados de los que hay constancia en unas obras que se adjudicaron por 88,3 millones de euros y acabaron incrementándose hasta los 115,7 millones. Estas obras tenían un plazo de ejecución de 38 meses entre 2009 y 2013, pero sumaron una demora de más de cinco años -su inauguración oficial no fue hasta 2019-.

Para empezar, el propio inicio de las obras se dilató más de tres meses y medio por el retraso en las indemnizaciones por las expropiaciones de terrenos. Tras ello, se produjeron diferentes reajustes por falta de disponibilidad presupuestaria del por entonces Ministerio de Fomento.

En la sentencia se recogen informes como el de la directora de las obras, que apunta a que "la ejecución de los trabajos se ha desarrollado extraordinariamente lenta, muy lejos del rendimiento esperado". Así, se produjeron dos suspensiones temporales parciales -la primera, entre julio de 2012 y mayo de 2013; y la segunda, desde octubre de 2016-. De hecho, los trabajos llegaron a estar totalmente "paralizados" entre agosto de 2010 y junio. Y es que el periodo de ejecución de diciembre de 2009 a diciembre de 2016 "puede considerarse en situación de suspensión temporal parcial de facto".

No obstante, el fallo desestima alguna de las pretensión a indemnizar por parte de Dragados, relativas a cuestiones como parte de las nóminas y costes, por lo que fija en 7,7 millones la cantidad a abonar. Contra la sentencia cabe recurso de casación.