13º-16º
lunes | 2 diciembre | 2024
La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado al que fuera alcalde de Coristanco entre 1991 y 2015, Antonio Pensado, a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación al permitir en 2012 a una empresa almacenar residuos de demolición y construcción en una finca.
Los jueces, que tuvieron en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, destacan que la resolución del entonces regidor fue “arbitraria y contraria a la legalidad” e impuso la misma pena, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación, a los tres hermanos administradores de la compañía beneficiaria.
Los magistrados aseguran en la sentencia, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el exalcalde actuó “concertadamente” con los tres empresarios “para tratar de dejar sin efecto” las sanciones de la Xunta por el depósito de materiales no autorizado.
El tribunal considera que era “evidente” que la autorización “se apartaba de cualquier legalidad vigente” y que esa circunstancia era “conocida por todos los acusados, puesto que en el año 2007 ya hubo denuncias por acopio de material en la misma finca y un expediente sancionador de la Xunta”.
Los jueces explican que, según declararon los agentes de la Guardia Civil y del Seprona que se desplazaron al terreno, en él había “múltiple material que estaba amontonado”.
Tras la inspección, uno de los tres empresarios, según consta en la resolución, fue al Ayuntamiento para conseguir “un papel para acreditar que tenían autorización”.
Por ello, el exalcalde emitió un escrito, con su firma y con el sello del Ayuntamiento, el cual carecía “de cualquier requisito que permita entenderlo ajustado a la legalidad”, según los jueces, quienes subrayan que la competencia para autorizar ese acopio de materiales es de la Consellería de Medio Ambiente.
Además, el tribunal señala que “tampoco existe o consta expediente alguno relativo a dicha autorización” y recalca que los acusados “conocían la injusticia de la resolución, que precisamente trataba de solventar esa situación en la finca, pero que ya se venía produciendo de tiempo atrás, y justificar ante la inspección realizada el contar con la correspondiente autorización”.
En la sentencia, la Audiencia ha absuelto al exalcalde de los demás delitos de prevaricación que le imputaba el Ministerio Público, así como del de falsedad, y a los empresarios, de los demás delitos de prevaricación y del de tráfico de influencias.
Así, entiende que no ha quedado acreditado que el entonces regidor municipal tratase de favorecer a los tres hermanos empresarios, a los que supuestamente le unía una amistad, a la hora de adjudicar obras.
En la sentencia, los jueces aseguran que el procedimiento negociado sin publicidad por el que se contrataron los trabajos “se ajustaba a lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público 2007 y 2011”.
Además, recalcan que “ninguna incidencia surgió con las distintas administraciones de las que procedían los planes” dentro de los cuales se ejecutaron las obras.
El exalcalde de Coristanco Antonio Pensado, aseguró en el juicio, que comenzó en octubre, que “nunca” intervino “a favor de una empresa” e indicó que eran los técnicos los que tomaban las decisiones.
Además, fue absuelto anteriormente de los delitos de malversación, prevaricación y fraude, tras otro juicio celebrado contra él en julio.
El que fue regidor entre 1991 y 2015 ha explicado, en declaraciones a Efe, que aunque vaya a recurrir la decisión judicial dejará su puesto porque no quiere que quede “ninguna duda”. “En política hay que demostrar cada día más la seriedad, la eficacia y la honradez”, afirmó.
“Llevaban tiempo acusándome de todo y se vio una vez más, después de cuatro sentencias, que solo me inhabilitan siete años, que no me preocupa absolutamente nada”, ha subrayado Pensado, que ha defendido que es “una persona honrada”.
Sobre la autorización concedida en 2012 a la empresa del grupo Macaraná para depositar residuos en una finca, el exalcalde ha lamentado que lo condenan por dar un permiso “con la mejor voluntad del mundo” para facilitar los trabajos.
Al respecto, ha detallado que concedió la autorización para que los operarios pudieran depositar el material y, desde ahí, poder pasarlo a las pistas.
También ha reconocido que sabía que hacía falta una autorización autonómica cuando la actuación es “en el rural”, pero en este caso era “una cosa muy puntual” y “dentro del casco urbano”, señaló.
“Respeto la sentencia, pero resulta que me inhabilitan por hacer cosas buenas”, ha considerado Antonio Pensado, quien se siente “muy orgulloso” de haber sido absuelto de los otros cargos que se le imputaban, ya que la Fiscalía llegó a reclamar en esta causa 4 años de prisión y 36 años de inhabilitación para él
