El sacerdote de Santiago de Corneda y San Estebán de Cangués, en la comarca de O Carballiño, en Ourense, no podrá aproximarse a más de 500 metros de donde se encuentren sus sobrinas, hijas de su hermano, que han puesto dos denuncias independientes contra él por presuntas agresiones sexuales contra ambas de manera continuada.

La medida cautelar, según han informado este lunes a EFE fuentes judiciales, la dictó el pasado sábado el juzgado de guardia de Ourense, el de instrucción número uno, al frente del cual está el decano, Leonardo Álvarez.

En ese juzgado se personó el día 11 por la mañana el párroco F.M.M.L, cubierto por una mascarilla y en compañía de un abogado. Dentro, a este cura, secretario de la Vicaría de Pastoral y que fue capellán del colegio Divino Maestro, se le tomó declaración en calidad de investigado por delitos de agresión sexual.

Fue citado como investigado, no fue detenido, ha indicado ante una consulta de EFE el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que también ha informado de que "el juez le impuso las siguientes medidas: prohibición de acercamiento a las denunciantes, prohibición de comunicación con ellas, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales".

Una de las supuestas damnificadas ya había presentado denuncia el 26 de noviembre de 2019 y tres días después se había fijado idéntica protección a la espera de juicio.

En aquel entonces, esta mujer solamente hablaba de abusos, para los que existía un plazo de prescripción de diez años después de que la presunta víctima alcanzase la mayoría de edad.

Cuando dio aquel paso en solitario, el de delatar lo que le ocurría desde niña y por lo que más tarde supo que también habría pasado su hermana pequeña, había transcurrido una década, un mes y un día desde sus 18, de modo que el caso quedó en ese momento archivado.

No obstante, la prescripción para los delitos de agresiones sexuales es de 15 años según el Código Penal de la época, por el que deben regirse.

El religioso señalado, natural de Vistahermosa, en la ciudad ourensana, fue ordenado en 1995.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional es la que lleva este caso.

EFE ha intentando, sin éxito, conocer la versión del investigado.

En la ocasión anterior, el Obispado había ordenado su retirada del ejercicio público del ministerio sacerdotal, al que pudo volver en abril de 2021. En aquella época llevaba varias parroquias de Allariz.