El fiscal ha mantenido en el juicio de la operación Mito su petición de 31 años y seis meses de prisión para el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por intentar introducir en 2017 en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica.

En sus conclusiones definitivas el fiscal ha ratificado este lunes en la vista que se celebra en la Audiencia Nacional su acusación para los más de cuarenta acusados en esta causa, entre los que se encuentra también Gonzalo Boye, conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, para quien ha solicitado 9 años y 9 meses de prisión por supuestos blanqueo de capitales y falsificación de documento.

Previamente Gonzalo Boye ha negado durante su declaración que haya blanqueado dinero de Sito Miñanco, al que defendió en otras causas anteriores.

Ha explicado que su despacho hizo gestiones para intentar recuperar parte de los casi 900.000 euros que le confiscaron en 2017 en el aeropuerto de Madrid-Barajas a un cliente suyo, el acusado Manuel G.R., y que este le presentó documentación para acreditar que llevaba ese dinero a Colombia por unos compromisos de pago que tenía por un negocio de su empresa en ese país.

Y ha añadido que el también acusado el colombiano Manuel P.S. cambió su declaración en el Juzgado para asegurar que ese dinero era de la organización de Sito Miñanco después de que agentes de la Policía le visitaran en prisión para decirle que quedaría en libertad si declaraba en su contra, siendo excarcelado efectivamente poco después.

En contra de los declarado por Manuel P.S. Gonzalo Boye ha negado que en esas fechas Sito Miñanco participara en reuniones en su despacho por el asunto del dinero intervenido en el aeropuerto madrileño.

En su escrito de acusación la Fiscalía relata que el 6 de febrero de 2017 les fue incautado casi 900.000 euros en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a Manuel G.R. y otros cuatro acusados, su expareja la colombiana Adriana M.C., así como los padres y un primo de esta, cuando trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas.

Gonzalo Boye ha explicado que Manuel G.R, que era el dueño de una empresa de seguridad que gestionaba una galería de tiro en Alpedrete (Madrid), ya había sido cliente suyo en otros asuntos anteriores, pero no tenía relación alguna con Sito Miñanco, cuya hija colaboraba en su despacho como abogada.

Ha recordado que el día 8 de febrero de 2017 Manuel G.R. acudió a su despacho, donde este le enseñó un papel de Aduanas por la confiscación del dinero que le habían intervenido en el aeropuerto y le dijo que para recuperar parte del mismo -pues habría que pagar la multa que se impusiera por llevar esa cantidad en metálico- era necesario acreditar el origen y el destino.

Boye ha recordado que Manuel G.R. le dijo que era para hacer frente a unos compromisos de pago para un negocio que había comenzado a llevar a cabo su empresa de seguridad en Colombia.

Y ha añadido que Manuel G.R. viajó a Colombia para recoger la documentación acreditativa del negocio y unas letras de cambio que demostraban el origen del dinero, que entregó en el despacho para presentarlas con las alegaciones ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Por su parte, Manuel G.R., para quien el fiscal ha mantenido su petición de 43 años de prisión, ha señalado que había cerrado en Colombia a través de su empresa un negocio de formación para agentes de fuerzas de seguridad y que el dinero incautado era suyo.

Ha añadido que estando en prisión recibió presiones por parte de la Policía para que dijera que el dinero no era suyo a cambio de una rebaja de condena y para quedar en libertad pero ha asegurado que la verdad es lo que dice ahora en el juicio.

Y ha manifestado que había visto que Manuel P.S. había quedado en libertad tras cambiar su declaración a pesar de tener pendiente otra causa judicial y estar supuestamente implicado en un asesinato en Colombia.
Manuel G.R. ha reconocido que cometió "un error" al intentar llevar a Colombia tal cantidad de dinero en metálico pero ha señalado que era urgente realizar el pago para su negocio.

Por otra parte ha asegurado que Manuel P.S. le amenazó con matarle si no le devolvía un dinero que le había dado para entrar en el negocio de la galería de tiro y que el día que entró la Policía para detenerle el 5 de febrero de 2018 en la nave de Alpedrete disparó a los agentes, a algunos de los cuales hirió, porque estaba aterrorizado y no se percató de que eran policías.

La acusada Adriana M.C., expareja de Manuel P.S. y de Manuel G.R., ha dicho que estando en los calabozos tras ser detenida los policías le indicaron que tenía que decir que el dinero incautado en el aeropuerto era de Sito Miñanco y que de ello dependía su libertad y la de sus padres pero que ella se negó.

Y ha indicado que Manuel P.S. le amenazó también a ella si revelaba su supuesta participación en el referido asesinato en Colombia.