La Xunta sostiene que el incremento de coste de la transferencia de la AP-9 a Galicia sería de 526 millones de euros adicionales a lo que ya está comprometido hasta 2048 (1.149 millones); mientras que un eventual rescate oscilaría entre los 1.612 millones y los 2.355 millones de euros.

Así lo ha avanzado este jueves la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que ha presentado los datos de un estudio "independiente" elaborado por la consultora Eptisa.

Martínez Allegue ha justificado este análisis en detalle del coste asociado al cambio de titularidad y a un eventual rescate tras "el baile de cifras" ofrecido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que habló de 2.000; 4.000 e incluso 6.000 millones de euros.

Durante una comparecencia ante la prensa, acompañada por el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez y por el jefe de proyecto de Eptisa, Marcos Maderuelo, ha asegurado que en junio ante esas cifras pidió transparencia y obtuvo "la callada por respuesta".

La AP-9 es la principal vía de comunicación terrestre de Galicia, una autopista de peaje que recorre unos 200 kilómetros entre el norte y el sur de la comunidad en la fachada atlántica y que conecta, entre otras, cinco de las siete principales ciudades gallegas y da servicio a casi el 60 % de la población.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a debatir la transferencia de la AP-9, una proposición de ley que incluye nuevas bonificaciones para usuarios y la eliminación del 1 % de coste adicional anual en los peajes durante veinte años, aprobada tras la ampliación del puente de Rande y del aumento de capacidad a su paso por Santiago de Compostela.

El titular de la vía es el Ministerio de Transportes, que la explota a través de una concesión que caduca en el año 2048, y que es objeto de controversia política ya que se trata de una ampliación de 25 años en el plazo inicial concedida en la época de José María Aznar y que está bajo la lupa de la Comisión Europea.

La conselleira ha explicado que el cambio de la titularidad en sí no genera ningún coste y ha explicado que los 526 millones adicionales a lo que ya está pagando el Estado, que son 1.149 millones de euros, obedecería a la puesta en marcha de nuevas bonificaciones y de la eliminación del 1 % de la subida de peaje adicional durante veinte años.

El estudio también analiza el impacto de un posible rescate, "como comprometieron PSdeG y BNG durante la campaña" de las elecciones gallegas de febrero, ha asegurado la conselleira.

Esa horquilla de entre 1.612 millones de euros y de 2.355 millones va en función de la denominada "tasa de descuento" que se aplique y que tendría que ser negociada bien con la concesionaria o bien objeto de litigio.

En cualquier caso, la conselleira ha asegurado que lo que pide la Xunta es lo que aprobó el Parlamento gallego por unanimidad y que se está tramitando en el Congreso, y es la transferencia de la titularidad; eso sí, con los costes de las bonificaciones que establece esa propuesta.

Si se consiguiese la titularidad y la Xunta decidiese aplicar bonificaciones adicionales a las previstas en la ley de transferencia correrían a cargo de la Administración autonómica, ha reconocido el titular de la Agencia Gallega de Infraestructuras.