La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, informó de que el pasado 10 de febrero la Xunta recibió por escrito una “propuesta muy inicial” del Gobierno central para el traspaso de “algunos” medios –personal y vehículos– en materia de litoral, pero la considera insuficiente.

En respuesta a una pregunta del PPdeG en el pleno del Parlamento gallego, la conselleira exigió que se complete esta transferencia de “plenas competencias” antes de que el 23 de abril de 2025 se cumpla un año de la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la ley gallega de litoral.

Vázquez indicó que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió –el 7 de febrero– a la carta que le había enviado –el 17 de enero– el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para reclamar agilizar estas gestiones. 

Tras ello, la Xunta recibió un documento de propuesta del Gobierno en el que faltan por cuantificar medios, cargos e inmuebles, además de quejarse de que está pendiente el traslado de expedientes, así como la consignación presupuestaria correspondiente.

 La conselleira también tuvo palabras de reproche para el BNG y PSOE, a los que dice que “deberían pedir disculpas” por estar “equivocados”.

Paralelamente, Vázquez explicó que la Xunta avanzó en el desarrollo de la ley estos diez meses con: la constitución de una comisión interdepartamental, la consulta pública para crear un foro del litoral, la puesta en marcha de un visor web de zonas protegidas y la consulta pública –hasta el 31 de marzo– de las Directrices de Ordenación do Litoral. 

El debate se cerró con una petición de palabra del diputado Luís Bará (BNG) por lo que consideró “declaraciones inexactas” de la conselleira hacia su persona.

Sin embargo, Elena Candia, que presidió el pleno ante la baja del presidente del legislativo, Miguel Santalices, denegó este turno de palabra.

Cumplir la ley

Por otra parte, la Cámara instó este miércoles al Gobierno central a cumplir la ley de dependencia, que obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación, y le emplazó a “saldar la deuda” acumulada por con la comunidad por este asunto, que la Xunta cifra en 2.500 millones. 

La iniciativa, impulsada por el PP, contó con el apoyo del BNG –que no rehuyó las críticas a las políticas de dependencia de la Xunta– y de Democracia Ourensana. El PSdeG se abstuvo.

La proposición no de ley fue defendida por Raquel Arias quien sostuvo que pretende ser “un punto de encuentro” para “mejor la calidad de vida de las personas con dependencia en Galicia”, para lo que ve necesario que el Estado “pague el 50%” que contempla la ley y “no un poco más del 30% que paga en la actualidad”.